La administración de Donald Trump emprendió una reconfiguración acelerada del sistema migratorio al cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 16 países, una medida que amplía de forma directa el margen legal para ejecutar deportaciones a gran escala.
Desde el inicio de su segundo mandato, al menos 675 mil personas han quedado expuestas a procesos de expulsión tras perder esta protección.
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La decisión más reciente afecta a casi cuatro mil ciudadanos de Myanmar. El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que el país “ya no cumple las condiciones” que justificaron el TPS tras el golpe militar de 2021, aludiendo a supuestos avances en estabilidad.
Organizaciones civiles y analistas advierten que la violencia y la represión persisten, lo que refuerza la lectura de que el TPS es ahora tratado como un beneficio revocable por criterios políticos.
El recorte impacta sobre todo a las comunidades más numerosas. Haití, El Salvador y Ucrania concentran cerca de 97% de los beneficiarios y perderán la protección antes de 2026.
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A ellos se suman Honduras, Nicaragua y Venezuela, cuyas designaciones ya fueron canceladas. Muchos de los afectados residen desde hace más de dos décadas en EU, con empleos estables y familias con ciudadanía estadounidense.
Creado en 1990 como un mecanismo humanitario ante guerras y desastres, el TPS no fue concebido como una antesala de expulsiones masivas. Su desmantelamiento, sin embargo, se perfila como el paso previo para desplegar una política de deportaciones sin precedentes antes del cierre de 2026.