CARACAS. El gobierno de Venezuela oficializó la declaración del «Estado de Excepción y Emergencia Económica» por 60 días en todo el territorio, una norma con la que el Presidente de ese país, Nicolás Maduro, pretende hacer frente a supuestas amenazas a su Administración.

 

«Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica (…) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación», señala el artículo 1 de la Gaceta Oficial.

 

Maduro anunció el pasado viernes su decisión de decretar un estado de excepción que le diera «el poder suficiente» para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, y en el que estaría participando el ex presidente colombiano Álvaro Uribe. El Presidente intentará, entre otras cosas, bloquear el referéndum revocatorio que impulsa la oposición en su contra frente a la grave crisis que atraviesa el país.

 

Esta norma da atribuciones «extraordinarias» a las autoridades para garantizar «incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) la correcta distribución» de productos de primera necesidad.

 

La norma permite, además, «dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este».

 

El decreto se apoya, entre otros aspectos, en la «consideración» de que el Parlamento, de mayoría opositora, supuestamente pretende «el desconocimiento de todos los Poderes Públicos» y promociona «la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional».

 

Este decreto deberá ser sometido a la consideración del Parlamento para su aprobación, y remitido al tribunal Supremo de Justicia para dar el visto bueno a su constitucionalidad.