MANAGUA. Autoridades de Nicaragua permanecen a la espera del peritaje de caligrafía solicitado a autoridades mexicanas para determinar el origen y deslindar responsabilidades del firmante de documentos que portaban falsos periodistas detenidos en este país.

 

El Inspector General de la Fiscalía, Armando Juárez, declaró este viernes a periodistas: «no vamos a dejar» bajar el interés en la averiguación sobre el supuesto uso ilícito de la marca y logotipos de la empresa Televisa de parte de los mexicanos detenidos.

 

El peritaje determinará la falsificación o no de la firma «de determinada persona», indicó.

 

Juárez hizo alusión a las cartas dirigidas a autoridades de Nicaragua y Costa Rica presuntamente suscritas por un alto ejecutivo de Televisa, y que eran portadas por los 18 mexicanos detenidos con 9.2 millones de dólares en agosto pasado.

 

«Las cartas las traían ellos» los mexicanos que se identificaron como personal de Televisa y portaban «esa documentación» que pedía a las autoridades nicaragüenses y costarricenses su colaboración por tratarse de presuntas actividades periodísticas, señaló el inspector.

 

Aún está «pendiente un último requerimiento» a la Procuraduría General (PGR) de México que «nos ha contestado el 90 por ciento» de los relacionados con los 18 mexicanos detenidos en la frontera norte de Nicaragua.

 

Una caravana de seis camionetas con logotipos de Televisa fue detenida en la frontera de Las Manos, el 20 de agosto pasado con los 18 mexicanos, presuntos periodistas y cuyo juicio está en proceso.

 

Juárez aseguró que las autoridades se pronunciarán luego que hayan recibido y analizado el «peritaje de caligrafía» pedido a México.

 

El inspector se declaró «satisfecho» con la colaboración de la PGR que entregó suficiente información que ha sido sometida a análisis en Nicaragua.

 

La fiscalía acusó a los mexicanos de los delitos de supuesto narcotráfico internacional, crimen organizado y lavado de dinero.

 

El juicio esta programado para el próximo 10 de diciembre a cargo del juez Edgard Altamirano.

 

La empresa Televisa negó que los indiciados sean sus empleados y que las camionetas sean de su propiedad.