El Mundial 2026 arrancó el 11 de junio en el Estadio Azteca y con él la mayor ola de apuestas deportivas que se haya registrado en México. Son 104 partidos repartidos entre tres países, 13 de ellos en las sedes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y cada uno se juega dos veces: en la cancha y en los teléfonos de millones de aficionados.
Las casas de apuestas llegan al torneo tras años de expansión sostenida, con patrocinios en la Liga MX y campañas encabezadas por figuras del deporte. El marco legal que las rige, en cambio, llega con casi 80 años de edad.
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Para quién apuesta por primera vez durante el torneo, el problema inicial no es acertar un marcador, sino saber si el sitio donde deposita su dinero opera legalmente en el país. Algunas plataformas independientes ya documentan el listado de casinos en línea con permiso vigente en México, con datos sobre tiempos de retiro y porcentajes de retorno al jugador que la propia regulación no obliga a publicar.
Un marco de 1947 para un negocio digital
La actividad sigue regida por la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, una norma redactada décadas antes de que existiera internet. Las apuestas digitales operan al amparo del reglamento de 2004, que permite a los titulares de un permiso federal captar apuestas por medios de comunicación electrónica.
Los permisos los emite la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, que también lleva el registro de los establecimientos autorizados. A ese andamiaje se sumó, en noviembre de 2023, un decreto presidencial que cerró la puerta a nuevos permisos para casinos y máquinas tragamonedas. El crecimiento del negocio digital descansa, en consecuencia, sobre permisos otorgados hace años a operadores de salas físicas.
El resultado es un mercado de dos pisos: plataformas que operan bajo un permiso vigente de SEGOB y sitios internacionales que aceptan jugadores mexicanos sin figura legal en el país. Para el usuario promedio, ambos lucen idénticos en la pantalla de un celular.
El torneo como acelerador
Si la regulación avanza despacio, la recaudación no. El Paquete Económico 2026 elevó el impuesto especial (IEPS) a juegos con apuestas del 30% a una tasa única del 50% a partir de enero, un reconocimiento implícito de cuánto dinero mueve ya el sector. Los operadores absorbieron el golpe fiscal justo en el año en que el Mundial, con una demanda de boletos que batió récords de solicitudes, multiplica su clientela potencial.
La paradoja es visible: el Estado actualizó primero la caja registradora y dejó pendiente la ley. La misma prisa no se ve en otros frentes del torneo, donde el avance de las obras públicas ya enfrenta cuestionamientos. Las iniciativas para sustituir la norma de 1947 por una legislación que contemple expresamente el juego en línea avanzan con lentitud en el Congreso y no terminan de concretarse, mientras la oferta de plataformas crece cada temporada futbolística.
Los datos clave
En síntesis: 13 partidos en sedes mexicanas, una ley de apuestas heredada de 1947, permisos en línea sostenidos por un reglamento de 2004 y un IEPS que desde enero pasó del 30% al 50%.
Lo que el apostador no ve
La normativa vigente obliga al permisionario a operar con autorización federal, pero no le exige publicar tiempos de procesamiento de retiros ni porcentajes de retorno al jugador, datos que en otros mercados regulados son de divulgación obligatoria. Esa información queda enterrada en términos y condiciones que casi nadie lee.
Tampoco existe una ventanilla única de reclamación: las quejas de los usuarios se reparten entre Profeco y la propia Gobernación, según el tipo de conflicto. Durante un torneo que durará hasta el 19 de julio, con millones de apuestas concentradas en unas semanas, esa dispersión pesa.
El negocio ya juega su propio mundial. La regulación, por ahora, sigue en la banca, y el aficionado que decida participar hace bien en verificar el permiso del operador antes de depositar un solo peso, fijarse límites de gasto y tratar la apuesta como entretenimiento adulto, no como fuente de ingreso.