El sector empresarial reconoció que el agua como un recurso vital, pero también como un eje estratégico para la competitividad y el desarrollo económico de México y en este sentido, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Concamin respaldaron la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que se trata de un paso decisivo hacia un marco regulatorio más claro y sostenible.
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Los industriales destacaron la importancia de contar con un Registro Nacional del Agua y con la prohibición de transferir concesiones entre particulares, medidas que consideran fundamentales para ordenar el uso del recurso y garantizar su distribución equitativa.
No obstante, subrayaron la necesidad de que la reforma incluya sanciones más severas contra delitos hídricos, así como reglas transparentes en la asignación y prórroga de concesiones, con el fin de evitar prácticas indebidas y fortalecer la seguridad jurídica.
El sector privado insistió en que un esquema regulatorio sólido en materia de agua asegura el acceso justo al recurso y también constituye un factor clave para la generación de empleos, la atracción de inversiones y el impulso de la competitividad industrial.
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Reiteraron su disposición de colaborar con el Gobierno federal en la construcción de una “nueva cultura del agua”, que permita compatibilizar la sustentabilidad ambiental con el crecimiento económico y el bienestar social de largo plazo.