El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) alertó que una de las causas posibles del debilitamiento económico, es que la administración federal asigna una mayor proporción del gasto público a gasto corriente para cubrir los programas de asistencia social, en lugar de invertir en infraestructura que se requiere para estimular la inversión privada, el crecimiento y el empleo.
Los analistas del sector privado recordaron que en este contexto, el Inegi informó que durante el primer trimestre del año, el PIB creció 0.2%, lo que significó una mejora respecto a la caída de 0.6% que tuvo el trimestre previo.
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Agregó que “este comportamiento de debilidad no sorprende dado el creciente entorno de
incertidumbre frente a temas internos como la debilidad del estado de derecho, la próxima elección de integrantes del poder judicial, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y los problemas de regulación, a lo que se suma la creciente preocupación por los efectos adversos de la política arancelaria de los Estados Unidos”.
Proyectan caída
El CEESP afirmó que prácticamente todos los especialistas e instituciones relevantes prevén un debilitamiento de la actividad económica mayor a lo que oficialmente se anticipa.
Proyectó que el reto de revertir la tendencia es urgente, aunque poco probable, al menos en el corto plazo.
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Insistió que dado el entorno de nerviosismo que prevalece, las empresas ya establecidas en el país y otras interesadas en hacerlo están replanteando sus programas de inversión.
Finalmente puntualizó que el actual panorama también está relacionado con el análisis del World Justice Project, que ubica a nuestro país en la posición 118 de un universo de 142 países en materia de estado de derecho, 20 lugares por debajo de su ubicación en 2019.