La Coparmex respaldó la propuesta del Gobierno federal para postergar hasta 2028 la elección judicial federal y local, al considerar que la medida permitirá corregir fallas operativas, fortalecer la capacidad técnica de los perfiles y dar mayor certeza jurídica al país.
En un posicionamiento, el organismo empresarial señaló que la iniciativa coincide con planteamientos que previamente impulsó el sector patronal para evitar riesgos logísticos y de legitimidad derivados del proceso judicial realizado en 2025.
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Coparmex consideró positivo que se abra un espacio para perfeccionar los mecanismos de evaluación y selección de aspirantes judiciales, así como la creación de una Comisión Coordinadora que homologaría criterios de evaluación entre los tres Poderes de la Unión.
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“El país requiere perfiles con sólida preparación jurídica, experiencia profesional acreditada, trayectoria ética y conocimientos técnicos suficientes para resolver asuntos de alta complejidad”, sostuvo la organización.
El organismo indicó que elevar los estándares de selección ayudaría a fortalecer la carrera jurisdiccional, dignificar la función judicial y garantizar que la impartición de justicia recaiga en personas con capacidad, independencia y mérito profesional, por encima de criterios políticos o de popularidad.
Señaló que la reducción en el número de candidaturas y la simplificación de las boletas electorales podrían atender algunas de las complicaciones detectadas durante la elección judicial de 2025, entre ellas la baja participación ciudadana, inconsistencias operativas y la complejidad del proceso de votación.
No obstante, advirtió que cualquier reforma debe garantizar condiciones para que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y responsable.
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La organización empresarial afirmó que las reformas al sistema judicial tienen impacto directo en la certeza jurídica, la inversión, la competitividad y la estabilidad democrática del país, especialmente ante un entorno internacional marcado por tensiones económicas y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
“México requiere instituciones sólidas, autónomas y confiables que generen certidumbre para las empresas, las personas trabajadoras y las familias mexicanas”, destacó.