La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se pronunciaron en contra de la Ley de Amparo, pues tras la aprobación en el Senado de la reforma se da un retroceso con graves implicaciones económicas.
La Coparmex, si bien reconoció avances como la inclusión del interés legítimo colectivo y la aplicación de sanciones a autoridades que incumplan sentencias, alertó que “las modificaciones desalentarán la inversión, frenarán la generación de empleo en el país y
debilitarán la certeza jurídica”.
De acuerdo con la confederación, esta medida beneficia únicamente a empresas con alta liquidez, pero deja en desventaja a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen más del 99% del tejido empresarial y generan el 72% del empleo formal en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destaca que en el país existen alrededor de 4.7 millones de estas unidades económicas.
Del total de estos negocios en el país 95 por ciento son tamaño micro; 4 por ciento son pequeñas; 0.8 por ciento son medianas.
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Uno de los puntos más críticos a considerar es la suspensión del acto reclamado, es decir, las restricciones aprobadas impedirán que empresas con cuentas bancarias bloqueadas o créditos tributarios en disputa puedan seguir operando mientras se resuelve el juicio, lo que se traduce en riesgo de cierres definitivos, pérdida de empleos y afectaciones directas a miles de familias mexicanas.
Otro aspecto de preocupación es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al establecer que sólo podrán cubrirse mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluyen alternativas como inmuebles, prendas o negocios en marcha.
Por su parte, Canacintra señaló que “los componentes de la propuesta podrían tener consecuencias negativas para la seguridad jurídica de la industria nacional”.
Agregó que sectores estratégicos como telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica quedan fuera de la posibilidad de suspensión, y para las industrias que dependen de concesiones y autorizaciones en estos sectores, implica vulnerabilidad frente a actos administrativos, aún cuando resulten legales.
Ambos organismos explicaron que la reforma, lejos de fortalecer este instrumento, restringe su acceso y limita la capacidad de ciudadanos y empresas para detener normas inconstitucionales antes de que les generen un daño irreparable.
Para el sector empresarial, esta medida golpea directamente la estabilidad jurídica que requieren los inversionistas nacionales y extranjeros para sostener proyectos de largo plazo.
Cabe destacar que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX, históricamente un pilar que permitió a miles de negocios familiares, micro y pequeñas empresas -desde loncherías y tortillerías hasta gimnasios o tintorerías- defenderse de abusos de autoridad.
Aunque Coparmex valoró que ahora las autoridades puedan ser sancionadas por incumplir sentencias, advirtió que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo ambigua, pues bastará alegar falta de presupuesto para evadir resoluciones, lo que erosiona aún más la seguridad jurídica.