En Colombia surgió un escándalo por la compra de tierras de Cementos Mexicanos (Cemex) para la explotación de caliza en el municipio Maceo, Antioquía, que derivó en acusaciones y aprehensiones contra directivos de la cementera, la cual se vio obligada a efectuar cambios en puestos claves.
También fue llamada “La otra Odebrecht” por medios de comunicación colombianos, que la señalaron por un presunto entramado similar al de la petrolera brasileña, para apoyar con dos mil 100 millones de pesos colombianos a distintos partidos políticos en favor de la reelección del ex presidente Juan Manuel Santos Calderón en 2014.
En el caso de la propiedad en Maceo, en 2018 la Fiscalía General de Colombia acusó a Édgar Ramírez Martínez, Eugenio Correa Díaz y Camilo González Téllez, ex directivos de Cemex Colombia, por irregularidades en la adquisición de un predio porque estaba vinculado a un proceso de extinción de dominio y la cementera multinacional tenía conocimiento de esa afectación.
Incluso el 2 de mayo de 2019 la publicación colombiana “Semana” difundió que el ex vicepresidente Jurídico de Cemex Colombia, González Téllez, internado en la cárcel La Modelo, realizó un pacto con la Fiscalía para comprometerse a entregar detalles de la negociación de la propiedad ubicada en Maceo.
De acuerdo con las investigaciones, el terreno pertenecía a José Aldemar Moncada Moncada, quien fue condenado por un desfalco millonario a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de ese país.
La Fiscalía colombiana acusó a dos de los procesados de que tenían conocimiento del estado legal del predio que iban adquirir y aun así continuaron adelante con la negociación.
La cementera habría pagado por dicho predio un valor superior a los 40 mil 200 millones de pesos colombianos y cada uno de los exdirectivos cumplía con un rol dentro del entramado que se suscitó para esa negociación.
Moncada Moncada, quien vendió a Cemex la propiedad afectada por la extinción de dominio, tenía a su cargo una serie de empresas con las que cometió actos delictivos, evadiendo el pago de impuestos a la Dirección de Impuestos colombiana.
José Aldemar Moncada fue asesinado en abril de 2016, pero el juicio contra los ex directivos de Cemex continuó.
En Monterrey, México, la acusación de fraude por más de 100 millones de pesos en Cemex contra un exempleado de la empresa destapó una serie de irregularidades en la compra de tierras para explotarlas como canteras.
La empresa afirma que el acusado, Juan Manuel Peña Almaraz, “aprovechó una debilidad del sistema SAP -de administración-” para obtener directamente de la caja de la multinacional cheques a su nombre por más de 100 millones de pesos entre 2013 y 2018.
Pero Peña Almaraz asegura que está en la cárcel para silenciar todas las operaciones de ese tipo que él conoce y para proteger la negligencia de directivos, ya que el director Jurídico de Cemex, Arturo Garza Ulloa, estaba enterado de la expedición de esos cheques para pagar prediales de inmuebles de Cemex y comprar tierras en Yucatán, Quinta Roo, Jalisco, Puebla y Baja California.
Y según documentos que muestran sus abogados, es un hecho que Peña Almaraz participó en la adquisición de propiedades que actualmente son explotadas por Cemex.
Por ejemplo el contrato de compra-venta registrado en la escritura pública número 362 del 18 de noviembre de 2009, en la Notaría Pública 12 de Mérida, Yucatán, en el cual Peña Almaraz aparece como apoderado de su esposa y vende una parcela del ejido Xtepén, en el municipio Umán, a la empresa Inmobiliaria Ferri S.A. de C.V.
En la operación Waldo Fernández González, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, aparece como presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Ferri S.A. de C.V., que es la parte compradora.
Esas tierras ejidales son explotadas por Cemex para su planta de Mérida, Yucatán. El funcionario fue contactado por Notimex para dar su versión de los hechos, pero declinó emitir declaración alguna.
La periodista Vicky Dávila publicó en su columna de la revista «Semana» que Cemex Colombia buscaba mantener en el poder al expresidente Juan Manuel Santos Calderón en la reelección de 2014.
Según el medio de comunicación, la empresa buscaba garantizar la continuidad del programa de casas de interés social.
Ello ya que Cemex ganaba los concursos para los contratos de las más de ocho mil obras al establecer sociedades temporales con empresarios recomendados por el gobierno, porque a la vez inflaba los precios de las mismas lo que se traducía en un negocio redondo para los involucrados.
jhs
