Los cambios propuestos por los legisladores al artículo 19 que contemplan como sanción la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, son principalmente contra las llamadas factureras, señaló el Colegio de Contadores Públicos de México.
“Los cambios a este artículo contemplan penas muy agresivas, no solamente para las llamadas firmas factureras que simulan operaciones, sino también para las empresas que simulan operaciones para deducir impuestos o los que compran estas facturas simuladas”, comentó Salvador Rotter Aubanel, vocero de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio.
Rotter precisó que esto significa que los contribuyentes tendrán que demostrar que toda la facturación de su empresa o relacionada con su empresa “sí existió”.
De avanzar esta propuesta, “no solamente bastará deducir el comprobante fiscal, sino que ahora se deben tener pruebas fehacientes de que lo que compré o que el servicio que me prestaron sí se realizó”.
El contador resaltó que que la función de todo su gremio debe enfocarse en ser un profesional con ética y deben dar al contribuyente alternativas u opciones que cuadren con las leyes y en los reglamentos.
Subrayó que muchos contadores públicos sólo piensan en cómo meter gastos que no proceden, como comprar facturas, y es totalmente ilegal.
En el caso de las empresas conocidas como factureras, se pretende delimitarlas aún más con este delito de defraudación fiscal donde esta ley de avanzar, pretende agravar la falta con prisión preventiva, en tanto se comprueba o se aclara la situación.
Rotter Aubanel comentó que uno de los elementos por los que la autoridad puede determinar la sospecha de que una empresa es facturera, es porque está realizando un alto volumen de operaciones y no tienen gente contratada.
“Dos, resulta que no tiene inventarios en su declaración anual y la autoridad se percata que esta empresa no tiene mobiliario, no tiene equipo de cómputo, no tiene equipo de transporte y me va a decir y con qué infraestructura realizas lo que compras”.
El Colegio de Contadores Públicos de México aconsejó a todas las empresas evitar problemas con el fisco y revisar cinco años atrás todas su facturación, ¿de dónde salieron?¿Cuál es el origen? y tener bajo control a la empresa para evitarse sustos.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló dos reformas del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se amplió el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y donde se prohíbe la venta y uso de vapeadores en el país.
De avanzar estos cambios constitucionales, ahora se dará prisión preventiva oficiosa a delitos como la extorsión, narcomenudeo y producción y distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas como el fentanilo; además de la defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes para combatir a las llamadas factureras.
Al respecto, el vocero fiscal insistió que los empresarios deben asegurarse que alguien en su empresa siempre está vigilando la lista de facturas y revisando a los proveedores actuales y de cinco años atrás, para evitar problemas con el fisco y con la ley.
Estas modificaciones agravarían los presuntos daños fiscales a la Federación con otorgar como primera sanción la prisión preventiva, en tanto no se aclare la situación, lo que mantiene preocupada a la iniciativa privada y empresarios en el país.
