La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reporta que el 80% de las empresas han realizado cambios en sus contratos, en la adquisición de seguros para litigios, en los mecanismos de arbitraje y en el acceso al amparo para enfrentar la reforma judicial.
Al menos “ocho de cada 10 empresas ya modificaron o analizan modificar su arquitectura jurídica de prevención, lo que genera un costo adicional de operación ante la incertidumbre de la reforma judicial”, reveló el monitor judicial de Data Coparmex.
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El organismo sindical, que hizo una encuesta entre 3 mil 721 empresas afiliadas a sus 71 centros empresariales, explicó que 46.3% de las empresas ya modificaron su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio.
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Otro 34.5% de las compañías en la República Mexicana evalúa realizar cambios en su operación por la reforma judicial, que se encuentra vigente desde septiembre de 2024, según el ente patronal.
La investigación de la Coparmex reporta que, tras los cambios en el aparato jurídico, cuatro de cada 10 empresas proceden con mayor cautela para invertir y tres de cada 10 redujeron o pospusieron sus proyectos de inversión.
Aproximadamente 55.9% de las empresas consideran que se redujo la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo por el cambio judicial. Mientras que sólo 3.3% de las compañías considera benéficos los cambios legales en México.
Bajo esta panorámica, el organismo patronal al mando de Juan José Sierra Álvarez propone al nuevo poder judicial una conversación con indicadores de desempeño en los tiempos de resolución, acceso a la justicia y eficacia en la protección de derechos.
Con este mecanismo de comunicación, la reforma no generará costos adicionales a las empresas al confiar en las instituciones y en los impartidores de justicia, advierte la Coparmex.
El nuevo poder judicial solo podrá considerarse exitoso en la medida en que garantice efectivamente certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para los ciudadanos, las empresas y las inversiones, concluye el sector patronal.