El Consejo Hotelero reiteró su solicitud a las autoridades para que exista certeza jurídica para la proyección del patrimonio cultural y uso de elementos culturales en beneficio del sector turístico.
A través de un comunicado el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) siguió en su análisis sobre el caso relacionado con el uso de elementos del patrimonio cultural en el sector turístico.
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En primera instancia, el CHCM señaló que si bien el patrimonio cultural de México es uno de los pilares fundamentales de la identidad nacional y del posicionamiento turístico del país a nivel global, se requiere contar con certeza jurídica.
Añadió que el patrimonio cultural requiere proyección internacional, ya que el reconocimiento del mismo resulta del impulso de la industria privada -en coordinación con el sector público y con las comunidades locales- al aportar inversiones sostenidas en infraestructura, promoción, investigación, capacitación y desarrollo de productos turísticos.
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El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano indicó que si bien se cuenta con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicada en 2022, existen lagunas e inconsistencias legales importantes, que merecen ser reformadas, aunado a lo anterior después de cuatro años de su expedición no cuenta con la Ley Reglamentaria que dote de operatividad a dicha legislación.
La cultura merece reglas claras, no incertidumbre: Consejo Hotelero
“La suma de estos dos elementos fundamentales genera un escenario de incertidumbre jurídica y operativa respecto a la aplicación de la ley, lo que impacta directamente en la toma de decisiones de los distintos actores involucrados, mismos que lejos de fortalecer la protección de la cultura, abren la puerta a interpretaciones discrecionales de autoridades como privados y pueblos indígenas, alejándola de la prevención y preservación para acercarla a otros fines diversos. La cultura merece reglas claras, no incertidumbre”. indicó.
Es de la mayor importancia observar la armonía con nuestra Constitución y con el derecho internacional. Ambos reconocen la necesidad de proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, no establecen de manera expresa esquemas de contraprestación económica como condición para la utilización o promoción de los elementos culturales, lo cual introduce un elemento novedoso en la legislación actual que requiere claridad y definición y que despierta intereses muy alejados al objetivo de la ley.
Es de observar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 33, establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven”.
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A esta situación se suma un elemento particularmente relevante en entidades como Quintana Roo, donde existen más de 900 comunidades mayas registradas en el catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta realidad evidencia la complejidad en términos de interlocución y representatividad, al no existir un mecanismo claro que permita identificar con certeza a los sujetos legítimos para efectos de consulta, autorización o participación.
La cultura no se posiciona sola: detrás hay inversión, trabajo, visión y, sobre todo, personas y comunidades que la viven todos los días. La certeza jurídica no es un obstáculo para su protección; por el contrario, es la condición indispensable para garantizar su preservación y proyección en el largo plazo, con respeto y beneficio para todos.