La sostenibilidad de las finanzas públicas mexicanas enfrenta nuevos retos ante la creciente carga que representan las pensiones no contributivas, por lo que Moody’s Ratings advirtió que la introducción de programas como Mujeres Bienestar, que beneficia a mujeres de entre 60 y 64 años, incrementará de forma significativa el gasto social, lo que obligará en el mediano plazo a replantear una reforma estructural en materia de pensiones.
Durante su participación en el Inside LatAm: México 2025, Renzo Merino, vicepresidente y credit officer senior del grupo de riesgo soberano de Moody’s, señaló que este tipo de apoyos generan un gasto rígido, difícil de ajustar cuando se requieren recursos para otras áreas.
“Ha sido muy importante la introducción de estas pensiones no contributivas, pero en la medida en que la población envejezca, más personas podrán acceder a ellas y el gasto seguirá creciendo”, apuntó.
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Merino reconoció que, por el lado de los ingresos, el Gobierno federal ha impulsado medidas para fortalecer la recaudación de cara al presupuesto de 2026, sin embargo, enfatizó que estas no constituyen acciones de fondo ni permanentes que garanticen mayores ingresos a largo plazo.
“Eventualmente, se tendrá que considerar una nueva reforma de pensiones para abordar el tema de las obligaciones blindadas por el sector público”, subrayó.
Gasto público se ha concentrado en transferencias sociales y pensiones: Moody’s
Moody’s observa que, en los últimos años, particularmente bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gasto público se ha concentrado en transferencias sociales y pensiones, incrementando los compromisos fiscales futuros.
Con una población que envejece rápidamente y una base laboral reducida para financiar estos esquemas, precisó, el riesgo es que el peso del gasto social limite la capacidad de inversión productiva del Estado.
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De esta manera, el debate sobre una reforma de pensiones vuelve a la agenda económica. Para Moody’s, el reto está en contener la presión de corto plazo y diseñar mecanismos que aseguren la viabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo, sin comprometer el crecimiento económico.