LONDRES. Una investigación internacional sobre regímenes fiscales permisivos reveló que Luxemburgo ha colaborado con más de 340 multinacionales para crear complejos esquemas que les permiten pagar menos impuestos.
La indagación puso al descubierto los secretos de miles de millones de dólares en impuestos que algunas de las mayores corporaciones multinacionales del mundo ahorran en el gran Ducado.
Esta revelación se basa en documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Las empresas incluidas en el listado son, entre otras: Pepsi, Ikea, Accenture, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, JP Morgan, FedEx, Abbott Laboratories, Amazon, Deutsche Bank y el grupo financiero australiano Macquarie.
La investigación apunta también a prácticas de optimización fiscal de multinacionales en España, Argentina, El Salvador, Chile, República Dominicana, México y Panamá. Así por ejemplo, en Argentina se acusa de estas prácticas a la filial local de Bradesco y a Yamana Gold, una productora canadiense de oro. En España aparecen Burberry, HSBC, Pepsi, Carlyle o AIG, entre otras.
En México están concernidas firmas financieras como Paul Capital y Starwood Capital y la norteamericana de logística FedEx.
Se señala que los acuerdos representan miles de millones de euros de ingresos fiscales perdidos para los Estados donde estas empresas obtienen sus beneficios, según el ICIJ, y sus medios asociados, como Folha de Sao Paulo en Brasil, Le Monde en Francia, The Guardian en el Reino Unido, el Süddeutsche Zeitung en Alemania o el Asahi Shimbun en Japón.
En su investigación, que duró seis meses, bautizada "Luxembourg Leaks" o "LuxLeaks", el ICIJ tuvo acceso a 28 mil páginas de documentos de tax ruling.
Las grandes empresas "se apoyan en Luxemburgo y sus flexibles reglas fiscales, pero también quedan en evidencia las deficiencias de la reglamentación internacional en cuanto a la transferencia de beneficios con la finalidad de que no sean gravados.
La práctica del tax ruling, que es legal, permite a una empresa solicitar de antemano información sobre cómo será tratada su situación fiscal por la administración de tal o cual país, y obtener garantías jurídicas.
Los documentos obtenidos por el ICIJ fueron establecidos entre 2002 y 2010 por la empresa de auditoría financiera PricewaterhouseCoopers, "que los redactó y negoció los términos con la administración luxemburguesa".
De hecho, el portavoz jefe de la Comunidad Europea, Margaritis Schinas, señaló que el ex comisario de Competencia Joaquín Almunia abrió en junio cuatro investigaciones sobre las ayudas de Luxemburgo, una estructura que "responde a un esquema tradicional que todos los Estados miembros tienen para atraer la inversión y ganar ventajas sobre otros".
En dichas investigaciones se analizó el régimen fiscal que aplican Irlanda, Holanda y Luxemburgo a Apple, Starbucks y Fiat, respectivamente, para determinar si son ayudas de Estado ilegales.
Almunia señaló entones que esa decisión no cuestionaba el sistema general impositivo de estos países, sino las medidas particulares aplicadas a estas empresas respecto al impuesto de sociedad.
El gran Ducado se defiende
BRUSELAS. Luxemburgo defendió ayer la legalidad de la práctica fiscal que permite a las empresas pedir por adelantado a la administración el tratamiento fiscal que se les va a aplicar, y ha expresado su rechazo a que las firmas aprovechen la normativa internacional para no pagar impuestos.
En un comunicado, el Ministerio de Finanzas luxemburgués ha precisado que "la práctica de las decisiones anticipadas (conocidas como tax ruling) está bien establecida en un conjunto de países, incluido Luxemburgo.".
Además, ha recordado que la Comisión Europea ha confirmado que esa práctica respeta en general el derecho europeo, "siempre y cuando (esas decisiones) no sean utilizadas para otorgar a las empresas ventajas de las que otras sociedades en la misma situación no podrían beneficiarse".
"Las decisiones anticipadas aportadas por la administración fiscal de Luxemburgo son conformes al derecho nacional, europeo e internacional. De hecho, su legalidad no se pone en cuestión", añade la nota.
Asimismo, menciona el "fuerte compromiso" del Gobierno luxemburgués "en favor de la transparencia en materia fiscal" y una iniciativa adoptadas a nivel nacional el pasado octubre "para encuadrar mejor las decisiones anticipadas en materia fiscal con el fin de hacer el procedimiento más transparente".
La CE está investigando el régimen fiscal que Luxemburgo aplica a grandes empresas para determinar si es compatible con la legislación europea de competencia.
