Antes de la apertura del sector energético, las pérdidas por las tomas clandestinas eran absorbidas por Petróleos Mexicanos (Pemex), pero en 2018, cuando entre de lleno la iniciativa privada al negocio de la venta de combustibles, ésta deberá cubrirlas y, seguramente, con factura al consumidor final, explicó el consultor en temas energéticos de la firma Caraiva y Asociados, Ramsés Pech.
El especialista dijo que a principios de año, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ordenó a Pemex realizar un estudio sobre el número de tomas clandestinas que hay en el país, cuánto le cuesta reparar cada una y a cuánto asciende el monto total de las pérdidas producto de la ordeña de ductos.
“Con esto, la CRE va a poner lineamientos para el precio máximo a reconocer a las empresas que van a entrar a nuestro país en 2018; se va a agregar ese factor al cálculo del precio unitario, porque si no, se agrega al mercado abierto; Pemex va a estar perdiendo”, dijo Pech.
24 HORAS solicitó a la CRE conocer el estatus y el documento de dicho reporte, sin obtener respuesta hasta el cierre de edición.
Con la Ley de Hidrocarburos, producto de la reforma energética, los particulares podrán contratar a Pemex para transportar combustibles que ellos mismos comercializarán. La diferencia es que antes, como Pemex era la única usuaria y recibía subsidios, podía absorber las pérdidas por tomas clandestinas sin afectar el precio final, pero con el mercado abierto serán los particulares los que las absorberían y así se pasaría la factura al consumidor final.
De acuerdo con Pech, hay un mal trabajo por parte de Pemex en seguridad, la cual parece estar rebasada por el número de tomas clandestinas, las cuales, según informó 24 HORAS, aumentaron de 152, en 2000, a 6 mil 872, en 2016.
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