Representantes del sector empresarial, sostuvieron un encuentro con senadores y diputados del Partido Acción Nacional, a quienes les expusieron sus preocupaciones sobre la legislación secundaria en materia energética, principalmente en lo que se refiere al contenido nacional, condiciones reales de competencia para las empresas mexicanas y medidas anticorrupción en el sector.
Al término del encuentro con los legisladores, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostuvo que los empresarios del país requieren de una “cancha pareja” para que tras la apertura del sector energético, puedan participar en igualdad de condiciones.
Además se pronunció por establecer con claridad cuáles serán las nuevas disposiciones en materia de asociaciones y por definir las facultades de los próximos consejeros en el ramo.
“Estamos buscando que haya canchas parejas, que los nuevos órganos reguladores tengan facultades suficientes, que a las nuevas empresas productivas del estado se les de la fuerza para que puedan competir y que también el sector privado en esta apertura pueda tener condiciones de par. Por supuesto uno de los temas fundamentales es que dentro de los órganos de gobierno y estatutos, se especifique con claridad los temas de transparencia, de cómo asociarse, temas de nuevas disposiciones”, declaró.
El líder del CCE, pidió que se mantengan abiertos los canales de comunicación con los grupos parlamentarios y el Gobierno Federal, a fin de ser –dijo- un apoyo y un factor de equilibrio, para realmente sacar una reforma que garantice los niveles de empleo y de crecimiento que pueden lograrse tras la reforma energética.
Por separado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, expresó que una de las mayores preocupaciones de la IP, es que se garantice que el contenido nacional brinde una infraestructura para las pequeñas y medianas empresas, sin límites de participación y competitividad.
Además pugnó por que Pemex y CFE cuenten con esquemas de transparencia y anticorrupción internos. Así como en los órganos reguladores, para que supervisen y sancionen conforme a la ley.