Uno de los principales daños que AMLO hizo al país fue el deliberado debilitamiento y captura de las instituciones del Estado. En ciertos casos, la destrucción de algunas de ellas. ¿Con qué objeto? La respuesta más común: para concentrar poder y tener vía libre - sin contrapesos, leyes u obstáculos normativos- para la toma de decisiones y acciones de gobierno. Algunos analistas, sin embargo, plantean que se preparaba el terreno para blindar, frente a un Estado debilitado e inoperante, los negocios ilícitos, las complicidades criminales y los abusos de poder que hoy estamos atestiguando.
La implementación de una política austericida fue expulsando funcionarios de carrera de las dependencias de gobierno mientras se nombraba a otros que eran aliados leales e ineptos. Impuso recortes presupuestales en todas las áreas, bajando salarios y prestaciones. El resultado: un descalabro en los servicios públicos que ha afectado la calidad de vida de la población.
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Acusados de ser instituciones onerosas, uno a uno, fueron desmantelados Organismos Constitucionales Autónomos (OCA), entre ellos, el Inai y el Coneval.
El primero, encargado de transparentar la información gubernamental con el fin de que la ciudadanía conozca de gastos, asignación de contratos, licitaciones y decisiones ejecutivas y pueda exigir cuentas a quienes lo encabezan. El segundo, responsable de evaluar si los programas sociales son eficientes en su diseño e implementación y si estos reducen de forma sostenible la pobreza o son parte de una estrategia electoral a costa del erario.
Un gobierno que se dice de izquierda enfrentaría un costo político muy alto de eliminar una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por esta razón el organismo se conservó, aunque López Obrador se encargara de capturarlo al imponer a Rosario Piedra como su presidenta. Mujer sin credenciales para ocupar el cargo, ha demostrado una vergonzosa sumisión al expresidente y provocado un daño costosísimo a la organización. Una prueba reciente está en la recomendación sobre el caso Ayotzinapa en donde se lava la cara al Ejército y descalifica las investigaciones de grupos independientes, e incluso las realizadas desde el propio gobierno.
Hoy empezamos a pagar facturas: una Suprema Corte cooptada que falla en la gran mayoría de los casos a favor del gobierno, mermando la confianza de sociedad e inversionistas; la ausencia de transparencia que ha permitido el gasto irresponsable y los negocios millonarios de los cercanos de quienes transformarían la vida pública del país; la insostenible partida en programas sociales y transferencias directas que presionan seriamente las finanzas públicas, y una CNDH al servicio del Estado, y no de las víctimas de sus abusos y omisiones.
Instituciones débiles impedirán encarar los retos que el país enfrenta y que comprometen su viabilidad. No es casualidad que los países con mayor desarrollo y prosperidad sean los que cuentan con instituciones fuertes, contrapesos sólidos y límites bien definidos para sus gobiernos. Si no se detiene la erosión institucional las facturas subsecuentes se volverán impagables. La responsabilidad es hoy de Claudia Sheinbaum Pardo.
@isilop