Uno de los reclamos de los simpatizantes de la Cuarta Transformación a quienes critican las acciones y omisiones del obradorismo, es que en su análisis no toman en cuenta lo bueno que se ha logrado en los últimos años, pero sí se desviven por señalar las decisiones equivocadas. Y sí, en cierto sentido tienen razón. La catarsis que se observa en algunos sectores de la opinión pública es irracional y, fuera de sumar, contribuye a que la polarización se intensifique.

Dicho esto, es importante que, en sentido opuesto, los que se dicen afines al régimen actual hagan un análisis objetivo respecto al pasado, resaltando lo malo, pero también lo bueno que se hizo o se intentó hacer. Uno de estos rubros es la Reforma Educativa de Peña Nieto (2013).

Esta reforma rompía una larga, profunda y perjudicial inercia. Planteaba, como uno de sus principales ejes, el quitar el control de las plazas magisteriales al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). De un mecanismo poco transparente —y corrupto—, donde el común denominador era la herencia, la venta y la asignación discrecional de plazas, se transitaba hacia un mecanismo en donde estas se concursaban mediante la evaluación de conocimientos, capacidades y aptitudes pedagógicas de los postulantes. Para los maestros en funciones consideraba evaluaciones continuas de desempeño. El no aprobarlas implicaba capacitarse para volver a ser evaluados. Solo perderían su lugar quienes, reiteradamente, no pudieran demostrar las habilidades que el puesto exigía.

Por otro lado, se centralizaba el pago de nómina en la SEP y la Secretaría de Hacienda, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), quitando esa facultad a los estados, donde los líderes magisteriales tenían un mayor control. La nómina se dispersaba desde el gobierno federal directamente a la cuenta de cada maestro, evitando que estos líderes les retuvieran sus cheques para ejercer presión sobre ellos, así como eliminando a los aviadores y comisionados sindicales.

El 15 de mayo de 2019, López Obrador abrogó la que bautizó como la mal llamada Reforma Educativa, en pago al apoyo electoral recibido de la CNTE. Con esto, el expresidente regresó el control —aunque acotado con la posterior creación de la USICAMM— a líderes sindicales y disidentes sobre la educación pública. Los resultados los estamos viendo hoy, nuevamente, en las calles —y en las aulas. El nivel educativo experimenta un grave retroceso, en gran medida, por el secuestro corporativo de la educación. Una vez más, los estudiantes de este país —y su futuro—, son rehenes de las acciones políticas y los chantajes sindicales.

Ni todo fue negativo en el pasado, ni tampoco lo es en el presente. El principal reclamo que podemos hacer a quienes gobiernan es que hayan renunciado a su responsabilidad de preservar lo que eran transformaciones estructurales positivas para la sociedad a cambio de beneficios políticos e intereses de grupo. Hoy le corresponde a la Presidenta actuar con esa responsabilidad, tomando decisiones de Estado y con visión de futuro. Por el bien de todos, primero los niños.

 

    @isilop