En los últimos meses la conversación pública en la Ciudad de México —entre vecinos, activistas, integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) y defensores de un desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente—, se ha concentrado en el proyecto del Plan General de Desarrollo Urbano (PGD), propuesto y llevado a consulta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Este plan es de gran trascendencia porque está diseñado para regular el desarrollo urbano de la ciudad por los siguientes 20 años y será de observancia obligatoria. Entre distintas violaciones al proceso, inconsistencias jurídicas y la vulneración a diversos derechos individuales y colectivos, algo que debiera llamar particularmente la atención sobre el proyecto es que pretenda cambios en la Ley de Participación Ciudadana (LPC).

Las inconformidades hacia el proyecto del PGD de habitantes de las 16 alcaldías de la CDMX se han expresado en un escrito elaborado por vecinos y especialistas en el tema, y presentado, con miles de firmas, tanto al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) —encargado del proceso y elaboración del PGD— como a diputados del Congreso de la Ciudad de México.

En lo referente a la LPC destacan que el documento presentado por la autoridad ordena elevar a rango constitucional un nuevo Sistema Integral de Participación Ciudadana que centraliza la participación en una plataforma única, acotando opciones para la ciudadanía. Esto excede sus facultades legales. Busca también rediseñar el modelo de representación ciudadana; crear Asambleas Comunitarias como instrumento de decisión con validez jurídica; modificar el uso del Presupuesto Participativo; y establecer que los conflictos urbanos se resuelvan a través del diálogo y la mediación en territorio —lo que esto signifique— y no con base en la ley y las normas.

El plan no solo ha sido rechazado por vecinos, sino que incluso algunos miembros de Morena no lo ven con buenos ojos. La presión ciudadana, así como los tiempos legislativos, tienen al proyecto en la pila de documentos importantes del IPDP. El secretario de gobierno, César Cravioto, declaró el martes pasado que se le están incorporando las aportaciones hechas por la ciudadanía y afirmó que el Plan se entregará en el mejor momento [¿?].

No es casualidad que paralelamente se haya iniciado un proceso para reformar la Ley de Participación Ciudadana para alinearse, como fue la intención original, con los objetivos del PGD. Los trabajos avanzan para que la propuesta de Brugada transite sin mayores obstáculos. O al menos eso creen.

A la gran preocupación que ha sido el PGD, se le suma ahora una nueva —y no menor. Los antecedentes históricos en materia de institucionalización de la participación ciudadana no son alentadores. La LPC que se pretende aprobar posiblemente buscará limitar, aún más, la incidencia de la ciudadanía en las decisiones que afectan su calidad de vida, arrebatándole los pocos espacios de poder ganados legítimamente. Además, dará impulso a un Plan General de Desarrollo mal diseñado, que ve por los beneficios, no de la ciudad y su población, sino de distintos grupos de interés. Si no levantamos la voz, seguiremos dando más poder al poder.

 

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