Durante décadas, los economistas más renombrados, y quienes dictaban el diseño de las políticas públicas en México —y el mundo—, tuvieron la convicción de que el aumento del salario mínimo diario (SMD) provocaría presiones inflacionarias. Su impacto afectaría directamente el costo laboral, el precio de los bienes y servicios y, por ende, el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto generaría desempleo y una espiral inflacionaria.
En 1994, en Estados Unidos, los economistas David Card y Alan B. Krueger publicaron un estudio que buscaba demostrar que el subir el salario mínimo no provocaba caídas en el empleo. En el Estado de New Jersey monitorearon los efectos del alza del salario en 410 restaurantes de comida rápida y los compararon con los de establecimientos similares —sin variación salarial— en Pennsylvania. Los resultados mostraron que dicho incremento no provocó pérdida de empleos y que, incluso, en algunos casos, aumentaron. Todo ante la mirada incrédula de economistas ortodoxos de la época. Este tipo de estudios empíricos para probar tesis diversas en economía laboral, le valieron a Card el premio Nobel de Economía en 2021.
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En México, en 2014, Salomón Chertorivski, entonces secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, impulsó la Política de Recuperación del Salario Mínimo, la cual se encontró con mucha resistencia. Sin embargo, su insistencia permitió dar el primer paso para lograrlo un par de años después: la desindexación del SMD de multas, créditos y trámites.
En 2018, con el terreno preparado, López Obrador rompió el añejo paradigma sobre los riesgos que podía tener el aumentar el salario mínimo. De 2018 a 2026, éste se ha incrementado 257%. Si bien ha provocado aumentos en los costos laborales, los efectos inflacionarios no han sido los vaticinados décadas atrás y, en cambio, el aumento del ingreso laboral ha sido esencial en la disminución de la pobreza. La Cuarta Transformación presume —con razón— este cambio como uno de sus principales logros, condenando el equivocado pensamiento que, durante años, los tomadores de decisiones defendieron.
Hay mitos que caen, paradigmas que se deben romper; el conocimiento evoluciona y las teorías se derrumban con evidencia empírica y para el bien de las sociedades. Lo sucedido con el salario mínimo es un claro ejemplo de ello. Ahora es el turno de la política energética. La crítica del actual régimen a aquellos economistas y políticos neoliberales que se negaron durante años a abrir la mente a nuevas hipótesis debiera ser una invitación a hacer lo propio y separarse de la falsa idea que tienen de soberanía, accionando lo que para otros países ha demostrado ser un parteaguas en materia de crecimiento y desarrollo económicos —y para ellos siempre un tabú.
En conversaciones privadas con empresarios, se dice que la presidenta ha expresado no tener los mismos dogmas en materia energética que su antecesor. En un país con la geografía y los recursos naturales (energía solar, eólica, geotérmica; petróleo, gas…) como el nuestro, la apertura de este sector estratégico puede ser el eslabón perdido, la verdadera palanca del desarrollo nacional que impulse a este país a la tan anunciada prosperidad compartida.
@isilop