La Procuraduría General de la República (PGR) abrió ayer un expediente de investigación relacionado con los presuntos fraudes que pagó la compañía Wal-Mart de México durante la primer aparte de la década pasada a funcionarios mexicanos, para eliminar escollos legales que le facilitarán su expansión.
Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, informó que tras la difusión en medios de comunicación de supuestos actos de corrupción y soborno de la empresa solicitó a la Secretaría de la Función Pública, a través de su Órgano Interno de Control, revise los trámites y solicitudes atendidas por esta dependencia a fin de detectar si existe alguna irregularidad.
"La Semarnat tiene registrados siete trámites con relación a la transnacional, mismos que solicitó sean revisados amplia y detalladamente para garantizar su correcto procedimiento", informó en un comunicado.
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, aseguró que la próxima semana tendrán resultados de la revisión de permisos otorgados a Wal-Mart para instalar tiendas en la capital.
En un inicio, dijo, revisarán la apertura de tiendas entre 2000 y 2005, lapso señalado en la investigación que el fin de semana publicó The New York Times.
La dependencia que encabeza Marisela Morales informó que por estos hechos inició el acta circunstanciada AC/PGR/UEIDCFP/MP-043/2012 a través de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.
“De acuerdo con sus facultades y atendiendo a que las notas periodísticas aluden a hechos genéricos, y considerando que no se cuenta con un denunciante en particular, el Ministerio Público Federal podrá solicitar información tanto a particulares, personas morales, como a diversas dependencias del Ejecutivo Federal”, indicó la PGR.
De acuerdo con la investigación de The New York Times, un ex directivo que salió de Wal-Mart de México en el 2004 reveló que dicha compañía, había acelerado su posicionamiento en el país a través del pago de sobornos para eliminar escollos legales.
Se presume que la división mexicana de la empresa, bajo el mando en ese momento de Eduardo Castro-Wright, movilizó más de 24 millones de dólares para estas dádivas, las cuales fueron repartidas a través de gestores que se encargaron de finiquitar los trámites correspondientes.
En este contexto, fuentes de la PGR indicaron que también e requerirá información al Gobierno de los Estados Unidos, sobre la indagatoria iniciada a través de su departamento de Justicia y la identificación de probables responsables.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) también se dijo lista para iniciar la investigación correspondiente.