Durante años imaginamos que el gran desafío tecnológico consistía en tener acceso a mejores dispositivos y herramientas más sofisticadas. Hoy, millones de personas en el mundo llevan consigo una capacidad de comunicación y procesamiento que apenas una generación atrás habría parecido ciencia ficción.
Sin embargo, a medida que estas tecnologías se volvieron parte de la vida cotidiana, comenzaron a surgir diversas problemáticas. Por eso considero oportuna y acertada la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para abrir una discusión nacional sobre el uso de pantallas y la regulación de la inteligencia artificial.
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Y no se trata de una cruzada contra la tecnología, sino de reconocer una realidad que ya está frente a nosotros y que merece ser atendida con seriedad, sobre todo porque involucra a un sector tan importante de la población como lo son las niñas, los niños y adolescentes.
Desde hace tiempo, he sido partidario de que México avance en este debate. Los teléfonos celulares, las tabletas, las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial llegaron para quedarse. Sería absurdo pretender lo contrario.
Estas herramientas son extraordinarias, pues facilitan el aprendizaje, el trabajo, la comunicación y el acceso al conocimiento. Sin embargo, el desafío consiste en garantizar también que su uso contribuya al bienestar de las personas y que no termine afectándolo.
Las preocupaciones expresadas por la presidenta Sheinbaum no surgen de prejuicios ni de temores infundados. Cada vez surge más evidencia sobre los efectos que puede tener la exposición excesiva a las pantallas, especialmente durante la infancia y la adolescencia.
Disminución de las horas de sueño, problemas de concentración, ansiedad y ciertas formas de dependencia digital forman parte de una conversación vigente y de una realidad de salud pública que, desafortunadamente, ya ocurre en hogares y escuelas de todo el mundo.
El enfoque planteado por la mandataria no parte de la prohibición ni de la censura. Al contrario, aborda la necesidad de construir consensos, escuchar a madres y padres de familia, docentes, especialistas y menores antes de tomar decisiones legislativas.
Algo similar ocurre con la inteligencia artificial. Por ello, desde hace poco más de dos años, hemos trabajado para abrir ese camino y establecer reglas claras, clasificar riesgos y generar mecanismos legales de supervisión que otorguen certeza tanto a desarrolladores como a personas usuarias.
La discusión de fondo es ética: ¿cómo evitamos que los algoritmos reproduzcan discriminaciones, manipulen información o afecten la privacidad? ¿Cómo garantizamos que la inteligencia artificial sirva al desarrollo humano y no únicamente a intereses económicos?
México tiene la oportunidad de abordar estas preguntas con serenidad y sentido común, pues no se trata de una batalla entre progreso y conservadurismo, pero sí es necesario encontrar un equilibrio entre innovación y responsabilidad.
X: @RicardoMonrealA