El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Catálogo de infracciones (entre ellas prohibir campañas anticipadas de juzgadores) para la elección judicial del próximo 1 de junio.
Dichas reglas incluyen un apartado que prohíbe la promoción de aspirantes antes de iniciar las campañas, es decir, hasta finales de marzo próximo.
Dicha regulación incluye a los aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a magistrados electorales, de circuito, jueces de distrito e integrantes del Tribunal de Disciplina.
Los candidatos tienen prohibido contratar espacios en radio y televisión, difundir propaganda en espectaculares, gorras, lapiceros, mandiles y otros artículos utilitarios y solo lo podrán hacer en papel.
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Los candidatos pagarán sus campañas con sus propios medios y solo asistirán a foros organizados por el INE o que les brinden el espacio de manera gratuita.
Otra de las prohibiciones será para evitar que funcionarios hagan llamados al voto a favor de algún candidato o aspirante, y se define la calidad de aspirante a algún cargo judicial.
Partidos políticos no mostrarán favoritismo en elección de juzgadores: INE
Los partidos políticos tampoco podrán posicionarse a favor o en contra de alguna candidatura y tanto partidos, candidatos y funcionarios tienen prohibido contratar encuestas.
Los trámites e investigaciones estarán a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), y los órganos desconcentrados del Instituto para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación.
Durante la sesión, se aprobó la propuesta del consejero Martín Faz para prohibir a las dependencias de Gobierno que organicen foros sobre la elección judicial, además de que los servidores de la nación no podrán participar como moderadores en foros por estar a cargo de programas sociales.
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La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que "al incluir actos o actividades que tengan como fin la promoción o posicionamiento de una candidatura, introduce subjetividades excesivas, generando inseguridad jurídica y dejando a multiplicidad de apreciaciones, lo que podría considerarse como promoción o posicionamientos".
La presidenta del INE aseveró que se deben preservar los derechos "a la información y la libertad de pensamiento político, ya que permite que los aspirantes a juzgadores expresen sus opiniones y participen en el debate público, sin que estas acciones sean calificadas automáticamente como propaganda electoral anticipada".