El pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma presidencial en materia de extorsión por mayoría calificada, con ello, faculta al Congreso de expedir una Ley General contra dicho delito, que el tipo penal en todo el país incluya sanciones y atienda a las víctimas.
Con 474 votos a favor y cero en contra, el pleno de San Lázaro avaló el dictamen en lo general y en lo particular, lo cual reforma el proyecto de decreto del inciso A, fracción 21 del Artículo 73 de la Constitución. Además, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
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A pesar que la extorsión ya forma parte del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el tipo penal no está homologado en los estados de la República, por lo que ese será uno de los puntos a tomar en cuenta.
De igual forma, se especificará la obligación del Estado de atender a las víctimas de extorsión y perseguir de oficio este delito.
Extorsión, delito que lastima a la sociedad y tiene repercusiones en diferentes ámbitos: Leonel Godoy
El diputado morenista Leonel Godoy Rangel y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al fundamentar el dictamen en materia de extorsión, detalló que es un delito que más lastima a la sociedad mexicana, tiene graves repercusiones en la seguridad pública, en la economía y en la vida de las personas.
“Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal, sino también de manera cada vez más recurrente al patrimonio y a la esfera psicológica y emocional entre otros bienes jurídicos”, dijo.

A su vez, señaló que la estrategia nacional contra la extorsión permitirá una mejor coordinación interinstitucional entre las dependencias vinculadas a la atención de este delito, la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia. Lo que facilitará el intercambio de información con las autoridades locales.
“Una condicionante para el combate del delito a la extorsión a nivel nacional tiene que ver con la necesidad de homologar las penas que permita unificar criterios de justa punibilidad y que nos ayude a combatir realmente este delito. Se requiere la expedición de un marco legal que será esta ley general contra la extorsión y que sea y fortalezca la concurrencia de atribuciones entre la Federación y las entidades federativas”, manifestó.
Normativas no se han logrado traducir en resultados tangibles: Claudia Ruiz Massieu
Por su parte, Claudia Ruiz Massieu, diputada MC, resaltó que el Congreso de la Unión ha diseñado órdenes normativas ambiciosas, ha homologado tipos penales, fortaleció las penas, ordenó el establecimiento de instituciones especializadas. Pero no han logrado traducir esas expectativas y esos esfuerzos en resultados tangibles y en un cambio de la cotidianidad.
“¿Qué resultados distintos vamos a tener si seguimos la misma ruta?, la respuesta no está en la falta de normas, sino en la enorme distancia que existe entre las normas y la realidad, entre en la brecha, entre el diseño de una política pública, por adecuado sea, y su implementación efectiva. La ley, sin duda, es el primer paso, pero la ley no puede incidir en la realidad sin voluntad política, y la voluntad política, ya se sabe, se expresa en el presupuesto”, aseveró.
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Legislar de manera "rápida" la Ley General de extorsión y no esperar 180 días: PAN
El diputado panista Fernando Torres Graciano, en su participación en tribuna, hizo un llamado en el pleno de San Lázaro de entrar de manera “rápida” a legislar sobre la Ley General respecto a la extorsión y no esperar los 180 días que establece el dictamen en uno de sus transitorios.
“No tengamos por qué esperar los 180 días que establece el dictamen en un transitorio para que podamos tener ese producto legislativo, esta ley que atienda el problema de la extorsión”, aseveró.
Dejó en claro, la importancia de garantizar resultados a los ciudadanos y los que son víctimas de extorsión. Reiteró que el Paquete Económico no contempló un presupuesto específico para la estrategia nacional.
“No se ve que esté contemplado un presupuesto específico para esta estrategia nacional contra la extorsión. No está en el presupuesto y habría que ponerle entonces especial cuidado a la hora de discutir, analizar el presupuesto, de hacer las modificaciones necesarias para poderle dar el soporte presupuestal a esta estrategia. Insisto, de lo contrario va a ser demagogia y no es cierto entonces que nos preocupa mucho el delito si no estamos dando los instrumentos, insisto, legales, pero también presupuestales para que se pueda atender el problema por las diferentes órdenes de gobierno y obviamente por el propio gobierno federal”, advirtió.