Al menos catorce personas, que se desempeñaban como juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, presentaron la semana pasada una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que documenta varias violaciones de derechos humanos resultantes de la reciente reforma y piden acelerar el dictamen de medidas de reparación del daño a jueces y magistrados.
Petición ante la CIDH
La petición afirma que las personas peticionarias resultaron “directamente afectadas” por la reforma judicial e insta a la Comisión a responder a las denuncias y tomar medidas para proteger los derechos humanos y emitir reparaciones para las personas afectadas.
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La reforma, que fue implementada a partir de septiembre de 2024, vulnera los principios de independencia judicial y de igualdad y no discriminación, afectando también la participación de las mujeres en el Poder Judicial, dice la petición.
El documento también cita ejemplos de momentos en que altos funcionarios del Poder Ejecutivo de México acusaron públicamente a los juzgadores de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido proceso, afectando su honra y socavando la confianza pública en el Poder Judicial.
“Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la Judicatura”, afirma la petición.
El Cyrus R. Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, presentó la petición en representación de los 14 juzgadores mexicanos.
Petición de los 14 juzgadores
La petición es clara al señalar que no tiene como fin derogar la Reforma Judicial ni revertir sus efectos, que ya estarán en vigor en el momento en que la Comisión emita cualquier decisión. Por el contrario, busca que las personas afectadas obtengan “la reparación integral por la violación de sus derechos humanos” y pretende contribuir al fortalecimiento de los estándares de independencia judicial dentro del Sistema Interamericano para casos futuros.
“Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de reforma judicial en la región”, dijo Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center.
“Los Estados deben ser capaces de garantizar que sus estructuras y procedimientos judiciales evolucionen según sea necesario, sin embargo, estos cambios no deben violar los derechos humanos”, añadió.
“Aunque es demasiado tarde para deshacer muchos de los cambios perjudiciales que ha traído consigo este proceso de reforma politizado, no es demasiado tarde para reparar esos daños”, afirmó María Emilia Molina, una de las demandantes y Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. “Esperamos que esta petición reconozca los daños sufridos por las y los colegas importadores de justicia, y ofrezca orientación para ayudar a los sistemas de justicia de otros países a evitar el mismo destino”.
La polémica reforma del sistema judicial de México, iniciada bajo el mandato del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador e implementada a partir de septiembre de 2024, introduce cambios significativos al sistema judicial del país, entre ellos que los y las jueces sean elegidos por el público en lugar de ser nombrados mediante un proceso de selección establecido.
Reforma con "efecto adverso", señalan
En agosto de 2024, antes de la aprobación de la reforma, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York publicó un informe en el que expresaba su preocupación por la propuesta. La declaración señalaba que la reforma podría “tener el efecto adverso de dañar de forma significativa la independencia judicial” y advertía contra los cambios que podrían comprometer la independencia del poder judicial y socavar su eficacia.
Tras recibir la petición, la Comisión iniciará un proceso de verificación y evaluará sus alegaciones. Si procede, la Comisión podrá entonces hacer recomendaciones al Estado Mexicano para abordar cualquier violación de los derechos humanos que se haya producido, emprender investigaciones o dictar reparaciones según sea necesario, y adoptar medidas que incluyan garantías de no repetición.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los principales mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Estos dos órganos independientes y autónomos velan por que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos respeten y garanticen los derechos humanos y cumplan sus obligaciones en virtud de las convenciones, tratados e instrumentos internacionales pertinentes.
Los órganos incluidos el CIDH, supervisan la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y, en casos graves, pueden emitir recomendaciones o sentencias vinculantes.
