El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) señaló que la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) representa una «detención arbitraria».
Lo anterior, en un nuevo posicionamiento en contra del proyecto de reforma al Artículo 19 que ampliaría el catálgo de delitos que ametarían dicha medida cautelar, como son los fiscales.
En su cuenta de X (@ONUDHmexico) refirió que:
«La reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) endurece y expande una medida que debería eliminarse. Hacer que la detención sea automática y se mantenga durante todo el proceso anticipa indebidamente un castigo y constituye una detención arbitraria que expone a todas las personas, especialmente a las más pobres».
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Hace 6 días, después de que la Cámara de Diputados publicara el proyecto de modificaciones al texto constitucional, para añadir que el juez «ordenará» la PPO en casos de extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, así como defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, la ONU ae pronució en los siguientes términos:
“Ante la publicidad del proyecto de decreto en la Cámara de Diputrados, que pretende ampliar el catálogo de delitos susceptibles de aplicar la PPO, reiteramos que esta medida es incompatible con las normas de Derechos Humanos».
La reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa #PPO endurece y expande una medida que debería eliminarse. Hacer que la detención sea automática y se mantenga durante todo el proceso anticipa indebidamente un castigo y constituye una #DetencionArbitraria que expone a todas las… pic.twitter.com/pslxtDuf5a
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) November 13, 2024
El proyecto que se encuentra en San Lázaro deriva del paquete de reformas que presentó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero.
Los cuestionamientos a dicha reforma llegaron a la Mañanera de este 13 de noviembre; al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló:
«La prisión preventiva no quiere decir que el juez, sin pruebas, lleve a alguien a prisión. La Fiscalía tiene que aportar pruebas, y es el juez quien decide si aplica o no la medida, siempre basado en las pruebas presentadas».
