Con el fin de enfrentar las amenazas y delitos que surgen con el avance tecnológico, la diputada de Morena en el Congreso capitalino, Ana Buendía García, propuso aumentar hasta 22 años y medio de prisión las penas a ciberdelincuentes en la CDMX.
La diputada del partido guinda presentó una iniciativa para agregar un nuevo párrafo al artículo 148 Quáter, en materia de extorsión del Código Penal local, para establecer penas de 15 a 22 años y medio de prisión cuando se utilicen tecnologías para la comisión de delitos.
También te puede interesar: Limpian Barrio Chino, retiran comercios ambulantes
En el uso de la tribuna, reconoció que delitos tradicionales han migrado al ámbito virtual, donde los ciberdelincuentes aprovechan diversas tecnologías para perpetrar fraudes, robos de identidad y suplantaciones, entre otros, que en el 62 por ciento de los casos se originan a través de redes sociales y el 26 por ciento por hackeo de celulares.
“Por ejemplo, en el último año, hemos sido testigos de un aumento del 218 por ciento en estos delitos, con mil 607 casos registrados de enero a agosto de 2023, en comparación con los 684 reportes del año anterior, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México", refirió.
¿En qué consiste la iniciativa vs ciberdelincuentes?
Al presentarla en el Pleno del Congreso, destacó que “esto incluye, pero no se limita a, el uso de redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería y herramientas de tecnologías de la información y comunicación para generar contenido falso, automatizar amenazas o analizar datos personales de la víctima para personalizar la extorsión".
Además, se adicionan dos párrafos al artículo 211 bis, estableciendo que se sancionará con uno a cinco años de prisión a quien, “con el ánimo de usurpar la identidad de otra persona, manipule mediante tecnologías de la información y comunicación archivos de imagen, video o voz para que parezcan originales, auténticos o reales."
Asimismo, se establece una agravante de una tercera parte cuando la finalidad de la usurpación de identidad sirva para cometer los delitos de pornografía, robo o fraude.
