Representantes de la organización civil acusaron a integrantes de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de mantener una fractura en la información que fluye de operaciones militares en los diversos operativos que realizan en materia policial.
“Si no existe un control sobre la supervisión, y no existe documentación e información, información documentada de los operativos, no es posible control democrático sobre el uso de la fuerza”, aseguró Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la seguridad y la democracia.
Explicó que el caso del asesinato de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, por integrantes del Ejército Mexicano en condiciones aún no claras, marca un síntoma al interior de las fuerzas armadas que se debe focalizar.
“No es posible que casos de esta gravedad, no provoquen aprendizaje institucional, aprendizaje en la política pública, y aprendizaje de control democrático sobre el uso de la fuerza”, afirmó el López Portillo.
Recordó que las fuerzas armas --Ejército Mexicano y Marina-Armada de México-- realizan una función que no les corresponde, como actividades del orden policial, “por un atrampa que el Estado mexicano se puso así mismo”.
“Y fue el abandono histórico, la manipulación política, sobre las instituciones policiales y el aparato de justicia penal; ahora estamos pagando el costo de la trampa, de la trampa que el Estado mexicano se puso así misma”, afirmó.
Con apenas la presencia de dos diputados federales, Elena Tapia Fonllen (PRD y Loretta Ortiz (Morena), los representantes de la sociedad civil y de la Procuraduría General de la República (PGR) acudieron al recinto de San Lázaro para intercambiar datos sobre el caso Tlatlaya.
La reunión dio inicio con más de 40 minutos de retraso, con la intención de que los legisladores federales arribaran a la Cámara de Diputados, sin embargo, hasta el momento sólo las dos legisladoras atienden a los representantes sociales. DM
