Guerrero, el estado con la mayor tasa de homicidios del país desde que arrancó el sexenio, con el tercer registro más alto en secuestros, y cuya crisis se recrudeció con el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, no cuenta hasta ahora con un nueva estrategia de seguridad diseñada por el gobierno federal.

 

Al cierre de 2013 las cifras oficiales ya consolidaban a Guerrero con los índices más altos de crímenes, por encima de estados con presencia de grandes organizaciones criminales o con mayor población.

 

En los siguientes meses el gobierno federal rediseñó de raíz grandes estrategias federales en estados como Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México y movilizó a miles de elementos, pero en Guerrero, que presentaba condiciones de inseguridad en varios renglones superiores a esas entidades, no se lanzó despliegue alguno.

 

A los números oficiales que siguieron mostrando la misma tendencia este año, se sumaron otros indicadores como el del Consejo Ciudadano que colocó a Acapulco como la tercera ciudad más violenta del mundo, o la encuesta de victimización del INEGI que identificó a la entidad con el mayor nivel en impunidad.

 

Luego de la crisis que estalló el 26 de septiembre, con el ataque a los estudiantes normalistas, el gobierno federal intervino desplegando a 10 mil agentes para la búsqueda de las víctimas, así como para suplir a las corporaciones municipales que fueron desarmadas por complicidad con la delincuencia.

 

Pero hasta ahora se desconoce oficialmente si se materializará un nuevo plan de seguridad a mediano o largo plazo que supla al llamado Operativo Guerrero Seguro, puesto en marcha en 2011 por el entonces presidente Felipe Calderón y gobernador Ángel Aguirre, quien hace unas semanas pidió licencia al cargo.

 

El 27 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo gobernador del estado Rogelio Ortega delinearon la estrategia para la búsqueda de normalistas y se habló también de un plan para combatir a la delincuencia organizada junto con otros ejes en los que se trabajaría.

 

Días después se anunció el relanzamiento del Plan Nuevo Guerrero, que se implementó tras los desastres que dejaron los huracanes Ingrid y Manuel, y que está orientado a tareas de reconstrucción, salud y desarrollo.

 

Autoridades federales indicaron a 24 HORAS que la situación en el estado sigue bajo constante análisis pero hasta ahora la prioridad está enfocada en la búsqueda de los normalistas.

 

 

Señales de alarma 

 

A principios de enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló las cifras finales de incidencia delictiva correspondientes al 2013 y ubicó a Guerrero con la mayor tasa de homicidios del país con 59.22 crímenes por cada 100 mil habitantes.

 

Guerrero superó así a Chihuahua, que durante la mayor parte del sexenio pasado estuvo a la cabeza y que cerró el año pasado con un índice de 39.69 homicidios. El segundo lugar del país fue Sinaloa con un índice de 41.20 crímenes.

 

Los secuestros también arrojaron en 2013 una realidad preocupante, la entidad concluyó con una tasa de casi 5.9 plagios por 100 mil habitantes, consolidándose en el tercer lugar nacional solo detrás de Morelos y Tamaulipas.

 

Las cifras de enero a septiembre de 2014 arrojan una tendencia similar a la del año pasado en Guerrero, y a ellas se suman otros indicadores que 24 HORAS publicó en días pasados.

 

Pero más allá de las cifras, los hechos han dejado en evidencia el deterioro de la seguridad en la entidad. Por ejemplo, el pasado 10 de julio ocho personas murieron y cuatro más quedaron lesionadas tras un violento choque de grupos criminales en el municipio de Chilapa, en el que se efectuaron más de mil 500 disparos.

 

El alcalde de ese municipio Francisco García advirtió de plano que su gobierno estaba incapacitado para frenar la violencia y la recomendación a los ciudadanos fue que se encerraran en sus casas.

 

Donde sí hay estrategias 

 

 

En enero de este año se puso en marcha el plan integral para Michoacán, con un eje prioritario en seguridad y se designó a un comisionado federal al frente. Fueron desplegados más de tres mil elementos federales. Este operativo permitió en el corto plazo la desmovilización de los grupos de autodefensa.

 

El 29 de abril arrancó el denominado “Operativo seguridad Mexiquense” en el Estado de México, con la participación de más de tres mil 500 militares, federales y agentes estatales en municipios conurbados, en el Valle de Toluca y Valle de México, así como en la región denominada Tierra Caliente. Se instalaron 43 bases de operaciones mixtas.

 

El 14 de mayo arrancó la nueva estrategia de seguridad para Tamaulipas con la división del estado en cuatro zonas y un mando militar al frente de cada una de ellas, además del traslado de agentes ministeriales de la PGR para sumir directamente el control de las investigaciones ante la posible complicidad de fuerzas locales.