Apenas a tres meses de haber iniciado labores en Michoacán, la Fuerza Rural estatal ya suma sus primeras quejas por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de sus integrantes en contra de la ciudadanía. Los ex miembros de las autodefensas han sido señalados de incurrir en abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza púbica, sin embargo, ellos aseguran que fueron capacitados en la materia.

 

Así lo informó el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano, quien puntualizó que, de las quejas recibidas, dos han sido registradas en el municipio de Pátzcuaro y dos en La Huacana, derivadas de acciones de los ex comunitarios en su búsqueda de criminales en dichos ayuntamientos.

 

 

De acuerdo con las denuncias interpuestas ante el organismo, en uno de los casos la queja provino de una mujer del poblado de Agua Blanca, quien acusó que los policías rurales retuvieron a su esposo cuando caminaba acompañado por su hijo de tres años, a ambos los llevaron a su casa donde, sin contar con una orden, registraron su domicilio y causaron destrozos en busca, supuestamente, de armas.

 

 

Al final, según la denunciante, los uniformados no encontraron nada y se llevaron tres mil pesos en efectivo y una cuatrimoto. Respecto a una de las quejas recibidas en Apatzingán, fue un hombre quien presentó su queja por la detención ilegal de su hijo, la cual se derivo presuntamente a petición de su concubina.

 
Sobre las quejas, el titular de la Visitaduría de la CEDH, Jaime Pérez Torres, detalló que dentro de las acusaciones que comprende la comisión de abuso de autoridad, los quejosos han señalado que los policías rurales los han detenido injustificadamente, los dejan incomunicados y allanan sus domicilios.

 

 

“Son personas que en su decir argumentan que fueron detenidos dejándolos incomunicados, en algunos casos entran los elementos a domicilios de manera ilegal e incluso roban pertenencias de las familias”, refirió.

 

 

Sí fuimos capacitados

 

 

Cuestionado sobre dichas presuntas violaciones a derechos humanos, el hoy comandante de la Fuerza Rural, Estanislao Beltrán Torres, mejor conocido como Papá Pitufo reviró que todos los que forman parte de la corporación fueron capacitados en el respeto a los derechos humanos, pero aseguró desconocer que “se salió de control” en esas presuntas situaciones que dieron lugar a quejas ciudadanas.

 

 

“Si no estuvieras capacitados no estaríamos ahora como la Fuerza Rural, sí recibimos los cursos y la capacitación requerida por la Secretaría (de Seguridad Pública estatal). Desconozco qué paso en esas situaciones”, sostuvo en entrevista telefónica con 24 HORAS.

 

 

En julio pasado, el comisionado Alfredo Castillo refirió sobre la incipiente policía rural: “queremos que sea un grupo limpio, hasta el momento han trabajo muy bien en los municipios donde están, y además la incidencia delictiva en esos municipios prácticamente es nula. Tengámosle fe y por supuesto que la capacitación tiene que ser permanente”.

 

 

Ante el posible incremento en el número de quejas y a fin de evitar que alguna de ellas pudiera derivar en alguna recomendación, el visitador recordó la importancia de “fomentar el sentido humano entre los elementos de la Fuerza Rural para evitar quejas y, sobre todo, que la población esté conforme con el actuar de los responsables de la seguridad”.

 

 

Al tratarse de autoridades incorporadas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Comisión tiene la facultad de hacer observaciones y pedir informes ante la presunta violación a derechos humanos, aseveró Cázares Solórzano.

 

 

El ombudsman michoacano refirió que son la Secretaría de Salud estatal, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, las instancias con más quejas por violaciones a derechos humanos en el estado en lo que va del año. En total existen más de tres mil reportes contra dichas instituciones, la mayoría de ellos recibidos en la capital del estado.