Ante la trascendencia que tomó el caso de los militares procesados por delincuencia organizada con base a un “dicho” sin fundamento de testigos colaboradores, la PGR analiza hacer una propuesta a la Cámara de Diputados para legislar sobre la materia y con ello controlar y sancionar la falsedad de declaración en casos similares, y restringir abrir proceso a los presuntos responsables solo con base a dichas acusaciones.

 

Luego que los testigos protegidos, Roberto López Nájera, identificado como Jennifer, así como Sergio Villarreal Barragán Mateo, no pudieron sostener su dicho en contra de los militares procesados, y la PGR entregó conclusiones no acusatorias para liberarlos, ahora se pretenden regular los efectos de dicha figura jurídica para prevenir y evitar futuros yerros.

 

Personal Ministerial reconoció que el asunto de Jennifer y Mateo va más allá de sancionar legalmente a dichas personas por falsedad de declaración ante una autoridad, sino por el perjuicio moral, económico, laboral, familiar entre otros a las personas que se vieron incriminadas sin que al final fueran culpables de los cargos que se les imputaban.

 

Las autoridades consultadas señalaron que pese a que el nuevo sistema penal acusatorio, la nueva Ley de Amparo, entre otros reglamentos, ya se tiene contemplado salvaguardar ante todo la dignidad humana, tanto del inculpado como de la víctima, se analiza hacer una propuesta ante el poder legislativo federal en torno a la regulación sobre los efectos y sanciones del “testigo colaborador”, en caso de que mientan.

 

Explicaron que ante los embates del crimen la utilización de testigos protegidos fue una opción funcional, sin embargo, con el asunto de los militares quedaron en evidencia algunos de los abusos y errores legales que se pueden cometer en contra de personas que se ven incriminadas por razones ajenas a las delitos que se persiguen.

 

Además de una presunta falta de regulación penal y procesal con el peso de prueba que se le da jurídicamente al testimonio de una sola persona para acusar a un presunto responsable, sin que previamente se aporten las pruebas pertinentes para procesar.

 

También se estudia la sanción legal por a las personas que testifiquen en falso, pues si bien dicha figura ya existe, la información errónea que se aporta en caso de delincuencia organizada tiene una relevancia importante, y en este caso se trató de militares de alto rango los que se vieron afectados.

 

Cabe destacar que la defensa de los militares afectados informaron que el testimonio de Jennifer fue utilizado por el Ministerio Público Federal en por los menos 20 procesos similares a los de sus clientes, por ello, habrá que observar cuál será la suerte legal de dichos casos, ya que el testigo colaborador López Nájera carece de credibilidad jurídica y calidad moral.

 

Las autoridades consultadas reconocieron que aún se valora proceder penalmente en contra de “Jennifer”, pues pese a que se encuentra enfrentando un proceso en los Estados Unidos, existen los convenios de colaboración internacionales, a los cuales se podría apelar para que se inicie proceso en sus contra por falsedad de declaración, entre otras acusaciones que podría enfrentar por parte de los afectados.

 

Detallaron que existen las vías diplomáticas y consulares para poder emprender la demanda correspondiente, sin embargo, la relevancia que analiza el fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no solo es la sanción para los presuntos responsables, sino evitar que se cometan nuevos casos como el proceso contra los militares.

 

Cabe destacar que a través de la  ”Operación Limpieza”, en mayo del 2012, la procuradora, Marisela Morales inculpó a los seis militares, entre ellos Tomás Ángeles Dauahare,  Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez así como el teniente coronel en retiro, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al Mayor Iván Reyna Muñoz, enfrentaron proceso por delincuencia organizada, sin embargo, a un año de proceso la PGR concluyó que no había elementos probatorios para sustentar su acusación, y fueron liberados .

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