Tres solicitantes de asilo que debían ser devueltos a México después de comparecer en la corte de inmigración de Estados Unidos este martes pidieron a las autoridades que los dejaran quedarse en ese país porque temían por su seguridad mientras esperaban el proceso en territorio mexicano.
Las peticiones son un nuevo intento de los migrantes de permanecer en Estados Unidos durante los procesos de sus solicitudes de asilo en vez de hacerlo en México, como lo establece la nueva política de línea dura del presidente Donald Trump para detener la entrada ilegal a su país.
Unas 240 personas -incluidas familias- han sido devueltas a México desde finales de enero en el marco del programa denominado Protocolo de Protección al Migrante (MPP), según funcionarios de Estados Unidos.
Seis migrantes centroamericanos que cruzaron desde Tijuana a través del cruce fronterizo San Isidro, fueron escuchados el martes en un juzgado de San Diego en el primer día de audiencias del programa. A todos se les dijo que regresaran a México.
Robyn Barnard, abogada de la organización sin fines de lucro Human Rights First, dijo que pidió a las autoridades que permitieran a sus dos clientes hondureños permanecer en Estados Unidos. Ambos tienen miedo de regresar a Tijuana para esperar sus próximas audiencias a principios de agosto.
Tijuana, como gran parte de la zona fronteriza del norte de México, ha sido escenario de un extenso derramamiento de sangre desde que el gobierno federal comenzó a utilizar a los militares contra los cárteles de la droga hace más de una década.
«México no es un lugar seguro para todas las personas y hay grupos vulnerables en riesgo», dijo Barnard a periodistas después de la audiencia.
Sus clientes permanecerían en un cruce de entrada de Estados Unidos el martes por la noche, antes de las entrevistas con los funcionarios de asilo, probablemente al día siguiente, dijo la asistente de Barnard.
Ariel, de 19 años y quien dijo que salió de Honduras debido a amenazas de muerte de pandillas contra él y su familia, se encontraba en el primer grupo de migrantes solicitantes de asilo que regresó a México el 30 de enero y recibió una notificación para comparecer ante un tribunal estadounidense en San Diego.
«Yo confío en Dios en que sí vamos a poder. No puedo regresar a mi país porque allá me van a matar», relató el joven, quien comentó que no había podido obtener un permiso de trabajo legal en México, pero encontró un empleo en un restaurante en Tijuana que no le paga lo suficiente para mudarse de un refugio.
Mariel Villarreal, abogada de inmigración de Pangea Legal Services, con sede en San Francisco, dijo que pidió que se permitiera a su cliente de Guatemala permanecer en Estados Unidos.
«Acaban de ser enviados de vuelta a Tijuana para que se queden sin hogar», dijo, y agregó que los funcionarios mexicanos no están explicando cómo los que regresan pueden obtener permisos de trabajo.
Funcionarios estadounidenses han dicho que están trabajando con el gobierno mexicano para asegurar que los migrantes estén seguros mientras esperan en México.
Sin embargo, algunos funcionarios mexicanos han advertido que las ciudades fronterizas del país tendrán dificultades para atender a los solicitantes de asilo durante largos períodos.
Leyes «generosas»
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos están demandando en un tribunal federal que se detenga el programa MPP, parte de una serie de medidas del Gobierno de Trump.
El Gobierno estadounidense dice que la mayoría de las solicitudes de asilo, especialmente de centroamericanos, son rechazadas en última instancia, pero debido a los abrumadores atrasos de los tribunales migratorios, las personas a menudo son liberadas mientras esperan la resolución de sus casos y viven en Estados Unidos durante años.
El gobierno ha dicho que el nuevo programa busca poner fin a «la explotación de nuestras generosas leyes de inmigración».
Los críticos del programa dicen que viola la legislación estadounidense y las normas internacionales, ya que los migrantes a menudo son enviados a ciudades peligrosas en México en situaciones precarias en las que es difícil recibir información sobre los cambios en las fechas de los tribunales de Estados Unidos y buscar ayuda legal.
fahl
