La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, así como la ejecución  de 22 supuestos delincuentes perpetrada por elementos del Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio ponen a prueba la credibilidad de la administración del presidente, Enrique Peña Nieto en la aplicación de los derechos humanos, publicó The Economist.

 

En un artículo publicado esta semana por el diario inglés, indicó que hasta el momento en materia de los derechos humanos el país no ha tenido altas calificaciones.

 

El texto señala que la administración federal ha tratado de restar importancia a la violencia de México y  promocionar, por el contrario, el potencial económico del país. Sin embargo, indica, “casos como este (de Iguala) muestran cómo entierra la cabeza en el suelo”.

 

Las autoridades de Guerrero ligan a miembros de la fuerza policial de Iguala con el cártel local Guerreros Unidos quienes dicen ordenaron la masacre.

 

“Pero no está claro por qué los criminales iban a matar estudiantes de izquierda cuyas protestas son en su mayoría contra el Estado y los jefes políticos locales. Tampoco está claro por qué las autoridades federales no investigaron con anterioridad las acusaciones los políticos locales en Guerrero que los vinculan en el tráfico de drogas”, precisa el documento.

 

Poco después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Peña Nieto puso el peso de la responsabilidad sobre el gobierno de Guerrero para encontrarlos.

 

«Indignante, dolorosa e inaceptable». Con esas palabras, el presidente se hizo eco de los sentimientos de la nación el pasado 6 de octubre después del descubrimiento de 28 cuerpos, hallados en las fosas de Iguala.

 

Aunque las autoridades aún no han identificado públicamente a los cadáveres, el mandatario federal indicó “lo que todo el mundo sospecha: que las víctimas estaban entre 43 alumnos que desaparecieron después de una noche de violencia policial en Iguala el 26 y 27 de septiembre en el que murieron seis personas”.

 

Si se confirma, sería la peor masacre de casi dos años de mandato de Peña, señaló The Economist.

 

En tanto al caso de Tlatlaya, dijo que desde el incidente, Peña Nieto ha continuado con los elogios a las fuerzas armadas, a pesar de lo que parece ser “un intento de encubrimiento”.

 

Durante todo el verano la versión oficial fue que las muertes se produjeron durante un tiroteo entre un grupo de delincuentes y las fuerzas armadas.

 

Eso sólo cambió después de que Associated Press encontró a una testigo que dijo que las víctimas fueron fusilados después de haberse rendido y desarmado.

 

El gobierno ahora dice que va a cobrar al menos tres de los soldados detenidos con el asesinato publicó el semanario inglés.