Entre 2011 y 2013 la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos humanos (Red TDT) registró 104 casos de agresión en contra de personas o colectivos defensores de las garantías individuales en el país, situación que, aseguró, muestra la falta de cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en la materia.
Durante la presentación del Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Red precisó que en los casos mencionados se incluyen las agresiones a 171 personas y 37 colectivos. En total, 27 personas asesinadas.
Sobre esto último, destaca que en 24 casos no hay ninguna persona sentenciada, lo que exhibe la incapacidad del gobierno para investigar y sancionar a los responsables, advierte el reporte.
“La escasa o nula preocupación del Estado por investigar y sancionar a los perpetradores de las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, persiste más allá de los discursos de las autoridades”, indica el documento.
El reporte que considera datos del Sistema de Monitoreo de Derechos Humanos (SMDH) advierte que existen 42 tipos de ataques diferentes contra los activistas, pero los de mayor incidencia son las amenazas de muerte, amenazas, agresiones físicas, detenciones arbitrarias o ilegales, intimidaciones, muertes violentas y hostigamiento.
Dichas agresiones se han registrado en 24 entidades federativas del país, aunque son Oaxaca y Guerrero los estados que más incidentes registran, con 15 cada uno, seguidos de Chihuahua con 10, Chiapas con nueve, el DF con ocho y Coahuila y Puebla, con siete cada uno.
De acuerdo con el documento presentado este jueves, en Oaxaca los principales ataques a defensores se dan principalmente en comunidades indígenas y tienen que ver, sobre todo, con los procesos de defensa de la tierra, mientras que en Guerrero las muertes violentas y amenazas de muerte son las agresiones más perpetradas.
Según datos del SMDH, entre los principales perpetradores involucrados directa o indirectamente en cada una de estas violaciones a derechos humanos se encuentran fuerzas estatales y municipales de seguridad pública, así como el Ejército, fuerzas federales y servidores públicos.
De esta manera, el informe concluye que “la ratificación de diversos instrumentos internacionales y la generación de marcos normativos a nivel nacional y local en materia de derechos humanos no han significado que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones”.
Asimismo, señala que “la falta de políticas públicas adecuadas, pertinentes y efectivas para garantizar derechos humanos para toda la población, así como la impunidad sistemática, son factores determinantes que permite que se realicen las agresiones a las personas defensoras, y se violente así el derecho a defender los derechos humanos”.
Oaxaca, Guerrero y Chihuahua, los estados más peligrosos para los defensores
