México vive una situación difícil en materia de derechos humanos. Como nunca en la historia del país se había enfrentado a la necesidad de vivir la cultura de éstos como parte del Estado de Derecho que debe privar en las relaciones sociales de la nación.
En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es la institución constitucional garante de dicho ejercicio, por lo que se vuelve relevante la elección de su presidente como una decisión que repercutirá en el destino de miles de víctimas y delimitará el rumbo de las relaciones institucionales entre los poderes del Estado y su responsabilidad, frente a las consecuencias de su actuación.
México ha buscado de manera sistemática dotarse de herramientas que permitan llevar a cabo la protección eficaz de los derechos humanos. La reforma constitucional del 2011 en la materia obliga al Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos en toda su integralidad.
Adicionalmente, dichas obligaciones deberán cumplirse conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.
Por otra parte, tomando como base los Principios de París, relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, el funcionamiento y características de una comisión de esta naturaleza debe atender a estándares internacionales que permitan su autonomía y eficacia.
Derivado de lo anterior, la relevancia que adquiere la elección del relevo en la CNDH se vuelve fundamental para establecer la corresponsabilidad del Senado y de las instituciones en la materia en términos de la amplia necesidad de contar con una persona capaz, independiente y garante de los derechos humanos en nuestro país.
El pasado 9 de octubre, conforme a lo establecido por el Artículo 102, apartado B de la Constitución, se instruyó a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República elaborar el proyecto de convocatoria para la consulta pública relativa a elección o, en su caso, reelección de la Presidencia de la CNDH.
El Senado de la República recibió la documentación de 39 personas para participar en el proceso, finalmente 22 candidatas y candidatos cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria pública, compareciendo ante las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, presentando su programa de trabajo.
Participaron de manera puntual asociaciones civiles, instituciones académicas y de investigación, colegios de profesionales, organismos públicos y privados, así como público en general, que se dedican a promover y defender la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos.
Las comisiones referidas celebramos audiencias públicas con diversas organizaciones e instituciones representativas de la sociedad civil, a fin de escuchar su perspectiva sobre los retos que enfrenta la Comisión Nacional actualmente. Fue un proceso muy abierto, de entera inclusión y con total transparencia.
Las y los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado examinamos la trayectoria académica, el programa de trabajo, el conocimiento del marco jurídico nacional e internacional en la materia, la experiencia profesional y la participación en la promoción, defensa, protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos, de cada una de las candidatas y candidatos,siendo a todas luces un proceso con perspectiva de igualdad de género, legalidad, publicidad y transparencia.
En este orden de ideas, el abogado universitario, e incluso ex colaborador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, presentó un programa de trabajo a juicio de esta soberanía idóneo y completo.
En éste propone 12 políticas de actuación institucional, que consisten en rediseñar la actividad institucional de la CNDH con miras a la creación del Estado Humanista del siglo XXI, ejercicio efectivo de su autonomía y facultades constitucionales y legales, atención diligente y sensible a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
En su programa, el licenciado González Pérez plantea como una visión de futuro la revisión integral de contenidos, fines y alcances de los programas específicos de la CNDH, la revaloración del papel del consejo consultivo, la redefinición del sistema de recepción de quejas y acompañamiento permanente a las víctimas y familiares, el fortalecimiento del Centro Nacional de Derechos Humanos, el establecimiento de criterios claros en procedimientos de conciliación y elaboración de recomendaciones, así como contribuir a la armonización del marco jurídico, consolidando una política de transparencia y rendición de cuentas.
El apoyo que esta soberanía da al licenciado González Pérez en términos de la encomienda que se le confiere representa la búsqueda de consensos para atender las expectativas y exigencias de la sociedad, es la expresión manifiesta y decidida del Senado de la República para que dicha designación contribuya a la preponderancia de la paz y respeto a la dignidad humana en México, es una decisión con visión de Estado.
