El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, podrá conceder indulto en casos donde existan indicios de violaciones graves de los derechos humanos de la persona sentenciada.
El pleno de la Cámara de Diputados avaló de manera unánime la minuta emitida por el Senado de la República con el que se suma al Código Penal el artículo 97 Bis.
Con estas modificaciones se podría beneficiar el indígena tzotzil, Alberto Pathistán Gómez, preso desde hace 13 años en Chiapas y sentenciado a 60 años de cárcel por el asesinato de siete policías estatales.
El artículo en mención, establece que, de manera excepcional, por sí o a petición del pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común del Distrito Federal.
De manera previa, el dictamen del órgano ejecutor de la sanción debe demostrar que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad pública.
También prevé que el órgano ejecutor debe expresar “sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”.
Asimismo, el Ejecutivo federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.
Hasta ahora, el Código Penal Federal establece que el indulto se podrá otorgar cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad pública.
El titular del Ejecutivo podrá conceder indulto por delitos de carácter político, como rebelión, sedición, motín y conspiración; cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social; y por delitos de orden federal o común, cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación.
El documento se turnó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto para su promulgación.
