Los integrantes del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inician hoy una visita de trabajo donde supervisará el avance de las obligaciones del Estado mexicano referente a las 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que está involucrada; además de ir a cinco estados para analizar los problemas de desaparición forzada, migración y libertad de expresión.
Desde 2004, la Corte Interamericana ha emitido 10 sentencias contra el Estado mexicano por violaciones de derechos humanos como los feminicidios en Ciudad Juárez, desaparición forzada, y tortura en Guerrero. En ellas, se ordena resarcir daños a las víctimas y garantías de no repetición de todas las violaciones.
En los cinco días que durará la visita de trabajo de la CIDH, los integrantes del pleno tendrán reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal, con funcionarios estatales y organizaciones no gubernamentales para realizar una evaluación.
En su agenda está programada una visita a Guerrero para verificar la situación por la que pasa la entidad en cuanto a derechos humanos; en Veracruz harán lo mismo, pero poniendo énfasis en la libertad de expresión; en Coahuila y Nuevo León hablarán con autoridades y sociedad civil de desaparición forzada y en Tabasco supervisarán las condiciones en las que viven los migrantes.
Uno de los puntos a evaluar son las acciones tomadas para cumplir las sentencias de la CIDH, como de del Campo algodonero, donde se constató que el Estado violó los derechos de a la vida, integridad personal y libertad personal de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, desaparecidas en Ciudad Juárez, y cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida y con signos de violación sexual en 2001, caso que quedó sin resolver por parte de la justicia mexicana, lo cual debe resarcirse.
En el registro de la Corte está el de Rosendo Radilla Pacheco, quien en 1974 fue detenido por militares, quienes lo trasladaron al Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez, por lo que se ordenó una investigación.
Otras sentencias que tienen que ver con militares son los de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes en hechos diferentes fueron hostigadas y violadas por elementos del Ejército sin que se castigara a los responsables. De hecho, ambos casos ameritaron dos sentencias para que no quedaran archivados en la justicia militar.
De tortura, la CIDH ha emitido tres sentencias contra el Estado mexicano. Los casos son: el de Alfonso Martín del Campo, acusado de matar a su hermana y sobrinos; Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores detenidos por narcotráfico y uso de armas de uso exclusivo del ejército; y el de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, detenidos por homicidio y acopio de armas. En los tres casos se detectaron señales de tortura para obtener declaraciones autoincriminatorias con las cuales fueren sentenciados.
La última sentencia tuvo que ver con el recurso interpuesto por Jorge Castañeda, canciller durante el sexenio de Vicente Fox, por la negativa del Instituto Federal Electoral para registrarlo como candidato a la presidencia en 2006. Ahí se determinó que el Estado mexicano debe de garantizar que cualquier ciudadano tenga acceso a ser elegido.
