La Ley de Ejecución Penal que se prevé sea dictaminada el próximo martes, advierte la liberación anticipada de personas sentenciadas por delitos contra la salud, específicamente por portación de mariguana en cantidades superiores a las establecidas por ley, lo cual beneficiará a por lo menos 10 mil mujeres encarceladas.
El presidente del Senado, el panista, Robeto Gil Zuarth, explicó que de esa manera las mujeres podrán sustituir la condena que hoy tienen en prisión, por un mecanismo de libertad y puedan rehacer su vida.
Se plantea además un programa especial para sustituir penas de libertad para aquellas personas condenadas por delitos patrimoniales de baja cuantía que no tuvieron la posibilidad de reparar el daño, o bien que no se justifica la pena de cárcel cuando el monto específico no es importante.
Actualmente en las cárceles del país, un alto porcentaje de los presos están pagando una condena por delitos de cuantías menores a 500 pesos, que es lo que nos cuesta un día de cárcel por reo aproximadamente, por lo que “no tiene ningún sentido desde el punto de vista social y económico que tengamos personas pagando una pena de tres, cuatro, cinco años por delitos menores por 500 pesos cuando podemos encontrar otras alternativas”, consideró Gil Zuarth.
En la Ley también se prevé una respuesta específica a la problemática que representan los denominado “niños invisibles”, aquellos que viven con sus madres dentro de las prisiones.
“En la Ley de Ejecución Penal, ya establecemos un conjunto de requisitos, obligaciones para las autoridades penitenciarias para atender los casos en los cuales una mujer tiene que convivir con un menor de edad en razón de su situación de reclusión”, señaló el presidente del Senado quien dejó claro que con estas acciones se permitirá descongestionar el sistema penitenciario, específicamente por los delitos patrimoniales de baja cuantía.
Además se disminuirán los costos penitenciarios y el costo social de tener una persona privada de su libertad que está abandonando a su familia, que no tiene la posibilidad de sacarla adelante y que no tiene la posibilidad de llevar a cabo un plan de vida.
Con esta nueva legislación, los jueces de ejecución, tendrán la opción de evaluar si la persona debe o no estar en prisión, y podrán indicar las condiciones a la liberación, mismas que pueden ir desde tomar un curso de capacitación para el trabajo, que atiendan una adicción, y con ello reinsertarse a la sociedad.
“El juez de ejecución ya va a tener potestades. Va a poder decirle a la Secretaría del Trabajo: “dale una beca para el trabajo”; va a poder decirle a la Secretaría de Salud: “dale un tratamiento para su adicción”. En esas condicionantes que impone el juez hay un campo fértil para la plena reinserción social para las personas que estuvieron en prisión”, enfatizó el senador Roberto Gil.
