TEGUCIGALPA. Organizaciones humanitarias de Honduras pidieron hoy al Tribunal Supremo que resuelva el recurso de amparo y otro de hábeas corpus presentado a favor del mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato el pasado día 3 de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres.

 

Los recursos fueron interpuestos el miércoles pasado en la Corte Suprema de Justicia de Honduras por el ex fiscal hondureño de Derechos Humanos, Edy Tábora.

 

«Queremos que la Sala Constitucional resuelva pronto este recurso» para que Castro, víctima del hecho violento en el que murió Cáceres, regrese a México, subrayó Tábora al dirigirse a los periodistas.

 

Los organismos humanitarios solicitan a la Justicia hondureña que «revise la medida impuesta» a Castro, quien deberá permanecer en el país al menos 30 días porque como único testigo del asesinato puede contribuir a su esclarecimiento, añadió.

 

Esa medida es «ilegal porque restringe su libertad física», enfatizó el ex fiscal hondureño, quien afirmó que el ambientalista mexicano ha «estado anuente» a participar en las investigaciones.

 

Castro es la persona «más interesada en que se esclarezca» el caso de Berta Cáceres, de quien era huésped cuando ella fue asesinada con arma de fuego en su casa, en la ciudad occidental de La Esperanza, al parecer por dos hombres.

 

El activista mexicano ha reiterado que ya dijo «lo suficiente», que desea regresar pronto a su país, y que desde México puede seguir colaborando con las autoridades hondureñas.

 

El ministro hondureño de Seguridad, Julián Pacheco, reconoció hoy tardanza en el proceso de investigación para esclarecer el asesinato de Cáceres, una destacada defensora de los recursos naturales frente a la construcción de proyectos hidroeléctricos.

 

«Esto lleva un proceso, no es fácil, se ha tardado porque se están haciendo las cosas bien», subrayó el alto funcionario a los periodistas.

 

 

Destacó además que para el Estado de Honduras «es importante resolver el caso» de Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh).

 

«Buscamos hacer una buena investigación y que no haya dudas. Lo que se está buscando es la verdad en este caso para que la ciudadanía esté tranquila de que si se va a acusar a alguien es porque se tienen las evidencias», explicó el funcionario hondureño.