Es indispensable que los operadores jurídicos deben de juzgar con perspectiva de género, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.
Asimismo, la ministra de la Corte dijo que se debe replantear si las penas privativas de libertad, tratándose de mujeres que han cometido un delito, constituyen la medida más útil y eficiente para lograr su reinserción a la sociedad de la mujer.
Al clausurar el Ciclo "Mujeres en reclusión: Vidas dentro y fuera de la cárcel", organizado por la Unidad General de Igualdad de Género de la SCJN, la ministra Piña Hernández subrayó que la mayoría de las mujeres en reclusión han sido víctimas de abusos, maltrato en la infancia y violencia doméstica en la edad adulta y también muchas de ellas se encuentran en reclusión como resultado de los múltiples niveles de carencias y de discriminación, a menudo a manos de su esposo o pareja, su familia y / o la propia comunidad.
La presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, mencionó que el sistema penitenciario fue concebido por y para hombres, por lo que las condiciones de reclusión de las mujeres son más precarias que las de los sentenciados varones. Por ello, es necesario ver a las mujeres en reclusión como un grupo especialmente vulnerable con necesidades y requisitos específicos, pues es un sector que crece de manera alarmante.
Por su parte, la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Melissa Álvarez García, y la Directora de Mujeres, Niñas y Niños que viven en prisión. Reinserta, A.C. Jimena García, comentaron acerca de los costos de la ejecución penal sin perspectiva de género, no sólo para los hijos e hijas de las mujeres en situación de reclusión, sino también para el entorno familiar extensivo a la sociedad en general.
El Ciclo "Mujeres en reclusión: Vidas dentro y fuera de la cárcel", que se celebró durante tres sesiones en el auditorio José María Iglesias del edificio sede de la SCJN, tuvo como objetivo abrir el debate y la reflexión sobre el acceso a la justicia y la ejecución penal en condiciones de igualdad y perspectiva de género para todas las personas, así como las diferentes implicaciones que tiene la privación de la libertad en grupos en situación de vulnerabilidad.
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