Padres de dos de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, México, desaparecidos en 2014, reclamaron hoy verdad y justicia en este caso, durante la segunda jornada de las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Santo Domingo.
Joaquina García, madre de Martín Sánchez, acusó al Gobierno de su país de «no hacer nada» para esclarecer este caso y decir a los familiares «solo puras mentiras».
En México, agregó, «no hay justicia» pero sí «miles de desaparecidos», al tiempo que se expresó opuesta a que las audiencias sobre este caso se realicen fuera de su país.
«Queremos verdad y justicia y que el Estado no se siga burlando de nosotros», subrayó en la audiencia.
Mientras que Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó que continuarán su lucha «hasta llegar a la verdad pase lo que pase».
«Qué cometieron nuestros hijos para merecer esto», se preguntó Navarrete, quien señaló que el Gobierno «quiere cerrar cada línea haciendo como que investigan» e invitó a los comisionados de la CIDH a que presenten su informe en México sobre este caso.
Precisamente ayer, el Gobierno de México destacó sus acciones de seguimiento a presuntas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 alumnos y reiteró su determinación de agotar las pesquisas con el objetivo de llegar a conclusiones este año.
El Ejecutivo indicó que ha entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en Ginebra, Suiza, un documento con las observaciones al reporte «Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa«, divulgado el 15 de marzo y que también fue remitido este lunes al mecanismo de seguimiento del caso de la CIDH, en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.
Por su parte, Santiago Aguirre, activista de los derechos humanos y acompañante de los familiares de los jóvenes desaparecidos, expresó su temor de que la administración del presidente Enrique Peña Nieto cierre este caso «dadas las altas posibilidades de que quienes confeccionaron la llamada comisión de verdad histórica salgan del poder» tras las próximas elecciones.
La representación del Estado de México dijo, sin embargo, en la audiencia de hoy que «nunca se ha detenido el esfuerzo» de la búsqueda de los 43 estudiantes y que espera «brindar las respuestas que legitimamente exigen los familiares» de los desaparecidos.
La presencia en esta audiencia de una delegación de alto nivel «ilustra la determinación de fortalecer la comunicación con los beneficiarios y sus representantes y nos permite reiterar el compromiso indeclinable del Gobierno de México con el esclarecimiento de este caso con la seguridad de que se haga justicia y con procurar la atención integral a las víctimas», dijo.
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Pero los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en dicho vertedero.
El caso de Ayotzinapa formó parte del segundo día de audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.
La CIDH abrió ayer una semana de audiencias públicas en Santo Domingo cuya agenda incluye audiencias sobre Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
TFA
