Como parte de la reforma para crear el Sistema Universal de Salud, la Secretaría plantea una procuraduría que verifique se cumpla el derecho a la salud en el país.
“La procuraduría sería una instancia de evaluación, de seguimiento de atención al usuario para que las intervenciones explícitas que están, por ejemplo en Seguro Popular, los insumos y toda la atención que requieren tengan tiempos acotados, para que los usuarios sepan a qué tienen derecho y en qué tiempo”, explicó en entrevista la secretaria de Salud, Mercedes Juan.
Durante su participación en el VI Seminario “Retos del sector salud frente la universalización de los sistemas de salud”, señaló que están tomando las experiencias de otros países para conformar una instancia que vigile y evalúe el cumplimiento del derecho a la salud.
Desde el año pasado, la dependencia enfrenta quejas por la falta de atención a mujeres embarazadas, que dieron a luz en el patio, la sala de espera o la entrada de los centros de salud.
El caso más reciente es el de Amy Jazmín Martínez, quien abortó en el baño del Hospital de la Mujer de Tabasco, luego de que los dos encargados negaran la admisión y la atención médica a la adolescente.
Ayer mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que abrió una investigación sobre el caso de la menor ocurrido el 9 de marzo.
Un día antes, el miércoles, la CNDH dio a conocer que el IMSS y el ISSSTE son de las 10 dependencias que más violan las garantías de los ciudadanos mexicanos.
AVANZAN ACCIONES PARA CONCRETAR LA REFORMA
Mercedes Juan señaló que las tres instituciones de salud del país trabajan en la propuesta de reforma que se enviará al Congreso de la Unión este año y que incluye una modificación al artículo cuarto constitucional para que el Sistema Universal de Salud quede establecido dentro de la Carta Magna.
Cuestionado al respecto, Isaías Cortes, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, informó que la iniciativa todavía está en manos del Ejecutivo y desconocen la fecha o a la cámara a la que se enviará el documento.
Sin embargo, la iniciativa para reformar la Ley General de Salud en el apartado del Seguro Popular para blindar el gasto de salud que tienen los estados a través de este programa se encuentra en revisión en la Comisión de Salud del Senado.
En julio pasado, 24 HORAS dio a conocer que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que le otorgue facultades para vigilar el uso de los recursos que reciben los gobiernos estatales cada año y así evitar desvíos.
El Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Secretaría de Hacienda por más de 1.8 millones de pesos de recursos que no fueron aplicados al programa. El informe también reveló que el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, desfalcó el programa al asignar más de 800 millones de pesos a otras cuentas que manejaba la secretaria de finanzas del estado.
Ante esta situación, el Seguro Popular, a cargo del comisionado Gabriel O’Shea, podrá fiscalizar cada peso que se envía a las entidades de forma periódica y tomas medidas si encuentran faltantes.
Mercedes Juan confió en que durante el actual periodo ordinario el Senado apruebe esta iniciativa, que entraría en vigor antes de que concluya el año.
Además, la secretaria reconoció el trabajo de portabilidad y convergencia que realizan la dependencia a su cargo y el IMSS para lograr la portabilidad de los servicios de salud, es decir que cualquier institución atienda a un paciente, sin importar su afiliación o lugar de residencia.
Finalmente, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud trabajan en el funcionamiento de un fondo para atender determinadas enfermedades con atención médica, insumos y medicamentos.
Estas dos últimas acciones son los ensayos para lo que será el Fondo Único del sistema de salud, con el que los pacientes podrán acudir a la institución de su preferencia para tratar su padecimiento. El gobierno será el encargado de pagarle a la institución que brindó el servicio, lo que fomentará la competencia para brindar un servicio de calidad, según han dicho funcionarios de salud y legisladores.
