De unos 500 padres inmigrantes que fueron deportados de Estados Unidos sin sus hijos, apenas se ha localizado a una docena, evidenció hoy un plan de reunificación presentado a un juez federal que preside la demanda contra el Gobierno de Donald Trump por la separación de estas familias.
Los abogados de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que interpusieron la demanda, solicitaron en el documento más información al gobierno sobre los repatriados para agilizar el proceso de reunificación de los niños que aún están en los albergues.
Los planes para la reunificación presentados hoy, tanto por los abogados de ACLU y los del Departamento de Justicia (DOJ), serán debatidos este viernes en la corte.
El magistrado de San Diego (California) pidió al gobierno de Trump que centre sus recursos en reunir lo antes posible a unos 500 padres o madres que por no estar en el país no pudieron optar por la reunificación inmediata ordenada por esa corte.
Los abogados del Gobierno de EU señalaron por su parte que están en contacto tanto con el Departamento de Estado como con funcionarios de los países a los que fueron repatriados inmigrantes dentro de la demanda colectiva para «determinar la mejor manera para completar estas reunificaciones».
Si bien, la ACLU se muestra dispuesta a colaborar para localizar a estos padres, considera que el gobierno de Trump debe asumir la mayor parte de esta tarea.
«No solo fue la práctica anticonstitucional de separación del gobierno lo que llevó a esta crisis, sino que el gobierno de Estados Unidos tiene por mucho, más recursos que cualquier grupo no lucrativo», manifestó ACLU.
Los abogados del Gobierno han pedido que los demandantes ayuden con sus contactos a localizar a miembros de la demanda colectiva que están ahora en sus países de origen.
Por su parte, la ACLU propone que una vez que esto suceda y se confirme el deseo de regresar con su hijo, se fije un plazo máximo de siete días para el reencuentro.
Ésta reunificación podría concretarse de dos formas, según esa organización.
En caso de que el padre no quiera regresar a Estados Unidos, el gobierno debe encargarse de los documentos de viaje para que el niño sea trasladado en compañía de un trabajador social a su país de origen.
Si el padre prefiere viajar por su hijo, la ACLU pide que el gobierno les conceda una visa humanitaria y cubra con los gastos de los dos vuelos que esto conlleva.
La disputa continúa siendo sobre cuántos detalles debe entregar el gobierno sobre cada inmigrante que ya fue deportado para dar con su paradero.
Mientras que la administración federal insiste en que ya ha dado datos suficientes, tales como fechas y direcciones que le fueron entregadas por los padres al momento de la deportación, la ACLU mantiene que éstas no ayudan.
Como ejemplo, citan que algunos de estos datos fueron mostrados como «calle sin nombre» o únicamente el nombre de la ciudad.
Por ello, pidieron hoy que el juez ordene se les entreguen también números de teléfonos, información sobre si los menores en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) han estado en contacto con sus padres, y que se precise en los casos en que éstos hablen un idioma indígena, entre otras peticiones.
En una pasada audiencia, abogados del gobierno advirtieron de que cumplir con este tipo de solicitud tomaría tiempo, mismo que mejor podría invertirse en la propia reunificación.
Por otro lado, la ACLU reiteró que requiere más información para corroborar los casos de los padres que fueron catalogados por la propia administración como «no elegibles» para reunificación.
Mientras tanto, el gobierno federal informó, aunque sin dar números, que desde su última presentación en corte han entregado a más niños que se encontraban bajo cuidado y cuyos padres habían sido liberados de la custodia de autoridades de inmigración.
Los abogados de ambas partes regresarán este viernes a la corte federal para aclarar los planes de reunificación ante el juez Sabraw.
TFA
