De 27 minutos del martes a seis horas el miércoles. Ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados debatió y aprobó reformas a la Constitución Política para la expedición de un Código Único de Procedimientos Penales, regular el endeudamiento de estados y municipios, y una Ley General sobre registros públicos inmobiliarios en el país y catastros municipales.
De esta forma, el Congreso de la Unión podrá legislar en materia procesal penal y logrará su unificación en todo el territorio nacional. Entrará en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016.
Las modificaciones prevén mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas en materia de delincuencia organizada, que regirá en el territorio en el orden federal y en el fuero común.
El dictamen aprobado en lo general y particular -con 453 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones- precisa que se inhibirían actuaciones arbitrarias del juzgador, dado que se tendría una aplicación de criterios homogéneos y coherentes.
De esta forma, se contribuirá a la operatividad del nuevo sistema penal, así como certeza jurídica, al abatir la corrupción e impunidad toda vez que reduce cualquier coyuntura legal, derivada de la diversidad de normas.
Al fundamentar, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera (PRD), explicó que esta modificación recae en el hecho de que en el país existe una pluralidad de legislaciones procesales que propician situaciones de injusticia y arbitrariedad.
“Se fortalecen las bases del debido proceso como parte esencial de una serie de tareas que se requieren, a fin de materializar el sistema de justicia penal, derivado de la reforma constitucional realizada en julio de 2008”, dijo.
No más créditos locales
Sobre regular el endeudamiento de estados y municipios, que deberá contratarse mediante licitación pública, los legisladores establecen controles para promover un uso ordenado y sostenible del financiamiento para las entidades federativas.
Estas reformas -- aprobadas en lo general y en los artículos no reservados, con 457 votos a favor, dos en contra y una abstención— evitará el uso incorrecto de los recursos obtenidos vía deuda pública.
Además, instaura la responsabilidad a los servidores públicos sobre el manejo indebido de los recursos y la deuda pública, misma que deberá reflejarse en las constituciones locales correspondientes.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación deberá verificar el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal.
Por lo que respecta al Registro Público de Inmobiliarios y Catastros municipales, el pleno legislativo realizó cambios, que fueron remitidas al Senado de la República, para facultar Congreso de la Unión a expedir una Ley General sobre el tema.
Se pretende incidir en el desarrollo de políticas públicas orientadas al desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda, aunado a la obtención de recursos fiscales mediante la recaudación de los impuestos predial y de traslado de dominio.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) presentó una moción suspensiva, con el argumento de que se violaron procesos legislativos en el dictamen de la minuta, no obstante, la solicitud fue rechazada.
La reforma sufrió modificaciones con respecto al documento de la cámara alta desde su discusión y aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, el pasado 11 de julio, por lo que regresará al Senado para que se discuta y se apruebe.
Diputados, en aprietos ante el TEPJF
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) no logró un acuerdo para que en el periodo extraordinario, concluido ayer, se resolviera el caso del consejero faltante en el Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que será abordado en el futuro, afirmó el coordinador del PVEM, Arturo Escobar y Vega.
La decisión fue comunicada al Pleno de San Lázaro por el presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra, quien además clausuró el periodo extraordinario, tras haberse agotado los tres asuntos que motivo la convocatoria.
Escobar agregó que la falta de un acuerdo será comunicado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien tendrá la responsabilidad de valorar si la Cámara de Diputados acató o no su sentencia.
Dijo que en las próximas semanas la Jucopo seguirá buscando un acuerdo, que podría ser presentado en el periodo extraordinario que se plantea en la segunda quincena de agosto.
Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, denunció falta de voluntad política del PAN y del PRD para alcanzar este acuerdo y elegir al nuevo consejero electoral, pero rechazó que los legisladores hayan incurrido en algún desacato.
Sostuvo que el proceso seguirá abierto en tanto haya cinco finalistas a la esperar de una decisión de los legisladores.
A su vez, el panista Luis Alberto Villarreal y el perredista Silvano Aureoles mantuvieron la posición de que la facultad de elegir al consejero electoral sólo corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados y amagaron con ir a la controversia constitucional, en caso de que los magistrados decidan “invadir” esa atribución.
Debate en lo oscurito
Durante la sesión extraordinaria se presentó una falla en el suministro de energía eléctrica que abastece las instalaciones de la Cámara de Diputados, derivada de una variación de voltaje.
Esta acción ocasionó que los servicios de luz se suspendiera por un momento, lo que provocó que los mecanismos alternos de abasto se activaran, logrando, así, iluminar “a medias” la sala de plenos.
Durante la discusión que se daba en este momento sobre el tema de regulación de deudas a estados y municipios, el priista Francisco Arroyo Vieyra, tomo el imprevisto de manera chusca.
“Espero que nadie vaya a sugerir que estamos acordando en lo oscurito”, dijo desde la tribuna parlamentaria el también presidente de la mesa directiva.
“La energía eléctrica se restableció de manera inmediata, así como la iluminación incandescente del Salón de Sesiones” anunció la Cámara de Diputados, mediante un comunicado de prensa posterior.
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