Foto: Caurtoscuro/Archivo La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo que el joven había arrojado piedras a sus agentes desde el lado mexicano  

Una madre mexicana, cuyo joven hijo fue asesinado hace 10 años a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza desde el otro lado de la frontera, teme que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos pueda poner en peligro a otros.

El martes, la Corte resolvió que familiares no tienen derecho a demandar civilmente al agente Jesús Mesa, quien estaba parado en Texas en 2010 cuando le disparó en la cara a Sergio Hernández Güereca, de 15 años, mientras éste se encontraba en la mexicana Ciudad Juárez.

Parada del lado mexicano de la frontera, agarrando una fotografía enmarcada de su hijo, María Güereca dijo que la decisión judicial podría envalentonar a otros agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

«Ellos se van a sentir con el derecho de seguir matando gente inocente, de seguir matando niños», dijo Güereca. «Mi hijo era sólo un niño», agregó, entre sollozos.

Mesa no enfrentó cargos criminales. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo que el joven había arrojado piedras a sus agentes desde el lado mexicano.

Abogados representantes de la familia han dicho que Sergio simplemente estaba jugando un juego en el que un grupo de adolescentes corría desde el lado mexicano y tocaba la valla fronteriza de Estados Unidos antes de regresar.

Emitido en un momento de alta tensión entre ambos países, el fallo evita demandas civiles en los tribunales federales de Estados Unidos que involucran incidentes transfronterizos cuando la persona, que resulta herida o muerta, no se encuentra en territorio estadounidense.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo el martes en la noche que estaba profundamente preocupado por los efectos que tendría la decisión en casos similares en los que sus ciudadanos han muerto por disparos de agentes estadounidenses hacia el lado mexicano.

La familia del niño presentó una demanda en un tribunal federal acusando a Mesa de violar la prohibición de la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense sobre la fuerza letal injustificada.

«Les pediría que analizaran bien el caso, que lo analicen y que vean que están en un error», dijo Güereca, quien prometió seguir luchando por obtener justicia, incluso cuando expertos legales han dicho que se ha quedado sin opciones.

«Siento impotencia de que el caso de mi hijo se quede así porque no es justo lo que hicieron», añadió.

 

 

EFVE