Este martes fue un día de estira y afloja entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, debido a la pugna por los fideicomisos del último y los daños causados por el huracán Otis en Acapulco.
En primer lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador redireccionó su sugerencia de destinar 15 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial (desaparecidos mediante una reforma en el Congreso) hacia la ciudad portuaria, en lugar de destinarlos a becas, como mencionó hace unos días.
«¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que los 15 mil millones sean para apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del Comité que va a vigilar la aplicación de los fondos», dijo el mandatario mexicano.
E insistió en que el Poder Judicial tendría la última palabra sobre la propuesta que les hacía desde la tribuna presidencial: «Los 15 mil millones de pesos se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados», destacó.
Inesperadamente, la respuesta llegó a través de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, en un tono conciliador y de cooperación.
«La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas«, se lee en el documento.
Sin embargo, horas después un juez federal ordenó suspender, de manera temporal, la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que gestiona el Poder Judicial.
Juan Fernando Luévano Oval, juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua concedió la primera suspensión provisional en contra de los fideicomisos, como recién lo aprobó el Legislativo.
Esto luego de un amparo promovido por una magistrada en Chihuahua, que se suma a otros presentados por organizaciones y trabajadores del Poder Judicial, que aseguran que con la desaparición de los fideicomisos se afectan sus derechos laborales.
