La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señaló que fue víctima de un engaño por parte de un particular mientras intentaba resolver la situación migratoria de su visado estadounidense.
La mandataria estatal precisó de forma contundente que "los asuntos que hoy se comentan corresponden a un tema estrictamente personal: la cancelación y la posterior tramitación de mi visa de turista".
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La titular del Ejecutivo estatal detalló que "las conversaciones que se han difundido ocurrieron durante el 2025 y se dieron en ese contexto". De acuerdo con su testimonio, el proceso formal se vio afectado por la intervención de terceros ajenos a las vías diplomáticas habituales.
"Como cualquier persona que enfrenta una decisión de carácter migratorio, busqué conocer sus motivos y explorar las vías legales e institucionales para atender ese procedimiento", argumentó la gobernadora, quien admitió que en dicho lapso escuchó "a distintas personas que decían poder orientarme y afirmaban conocer el procedimiento para atender el trámite", por lo que "una de esas personas me engañó".
Marina del Pilar expuso la cronología de las interacciones mantenidas con los supuestos asesores. Detalló que "el 18 de junio de 2025 se dio el primer contacto por mensajería instantánea", seguido por una secuencia telefónica y presencial bien definida.
A su vez, "el 2 de agosto de 2025 tuvo lugar la primera llamada telefónica; el 22 de agosto de ese mismo año se recibió la segunda llamada; y finalmente, el 15 de diciembre del 2025 se llevó a cabo una reunión con el supuesto gestor y una llamada con un supuesto agente".
Enfatizó que estas interacciones jamás comprometieron los intereses del Estado ni de la nación y rechazó cualquier tipo de negociación irregular. "Quiero ser clara: mi disposición de escuchar no significa negociar. Nunca existirá compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México, como hasta ahora".
La mandataria estatal reconoció el peso que tiene este documento en una entidad con una dinámica social y económica tan ligada a la frontera, señalando que "contar con la posibilidad de transitar legalmente entre ambos países es una situación relevante". No obstante, reiteró que dicha necesidad no vulnera su autonomía: "Eso nunca significaría aceptar condiciones, comprometer mi independencia como servidora pública, ni poner en riesgo la seguridad o la soberanía de nuestro país".
Informó que "no he sostenido reunión alguna en Panamá con autoridades de otro país. Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa".
Aseguró que "gracias al trabajo permanente de las mesas de seguridad, durante esta administración han sido detenidas más de 120 personas consideradas objetivos prioritarios tanto para México como para Estados Unidos y hemos reducido 46% los homicidios dolosos, por citar solo dos datos".