Dentro del análisis que efectúa el Pleno de la SCJN de la llamada “Ley Bonilla”, que amplió el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California de 2 a 5 años, la Ministra Yasmín Esquivel se pronunció por su inconstitucionalidad.
En este punto fue enfática en que la elección para la gubernatura de Baja California tuvo lugar el 2 de junio de 2019, en la cual la ciudadanía eligió a un gobernador por dos (2) años, concluyendo sus funciones en el 2021, para empatar las siguientes elecciones locales con las elecciones federales.
Con posterioridad al voto emitido por la ciudadanía para ser gobernador por un periodo determinado, los legisladores locales ampliaron el mandato, por más del doble del tiempo de lo que la ciudadanía votó, lo que a consideración de la Ministra, resulta abiertamente antidemocrático.
En su intervención, señaló que esta resolución “… es un precedente que estamos sentando, para evitar que cualquier autoridad –municipal, estatal o federal- cambie el sentido del voto recibido y se perpetúe en el cargo con maniobras legales.”
Reiteró que de acuerdo con la Constitución Federal, cualquier modificación en materia electoral debe ser previa al inicio el proceso electoral, para evitar que quienes fueron vencedores no se les modifique su plazo, ni disminuyéndolo, ni ampliándolo y darle certeza jurídica a los procesos electorales y así procurar la confianza de la ciudadanía, que debe saber: qué día vota, por quién vota, y por qué periodo vota.
Si bien reconoció que cada entidad federativa, goza de absoluta libertad de configuración legislativa, esta libertad tiene un límite en la Constitución Federal, fundamentalmente en el principio de certeza jurídica, que impide impactar un proceso electoral ya concluido.
Asimismo, consideró necesario señalar que la violación de los artículos de la Constitución Federal, no tiene justificación por la idoneidad o conveniencia económica para ampliar el plazo de la gubernatura, ni aun cuando se diga haber alcanzado un consenso en la sociedad; pues la Constitución Federal se debe respetar primero y antes que cualquier premisa política, social o económica.
Finalmente, indicó que debe aplicarse a la letra la Constitución Federal, y respetar los procesos electorales; no se debe alterar la ley, ni violentar la voluntad popular; “… vivamos en un Estado Constitucional de Derecho.” – concluyó.
