La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó que concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones deberán entregar a la PGR información sobre la localización geográfica, en tiempo real, de los teléfonos celulares y equipos de comunicación en casos de extorsión, secuestro y otros ilícitos.
Dicha obligación tendrá lugar cuando se realicen investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, y deberá solicitarse por oficio o medios electrónicos, informó el diario Excélsior.
El dictamen establece que en caso de que el responsable operativo del servicio de telecomunicaciones se rehúse a proporcionar información se le impondrá una pena que va de uno a cinco años de prisión y de mil a diez mil días de multa.
