A pesar de que el gobierno ha señalado que el reciente aumento de la deuda estatal todavía no representa una amenaza para la economía del país (ya que sólo representa 2.5% del PIB), se han empezado a buscar soluciones al problema con el fin de evitar que la espiral crediticia de las entidades federativas se vuelva insostenible en el tiempo.

 

El Gobierno Federal pretende cambiar el perfil de la deuda de los estados mediante nuevas emisiones y plazos adecuados respaldados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) (CNN Expansión, 18 agosto 2011). Además, una de las medidas de aquellos Estados que se sometan a este programa es que deberán ajustar su gasto corriente y tener procesos de transparencia y rendición de cuentas, así como la obligación de fortalecer los ingresos locales.

 

Esta medida, sin embargo, ha recibido fuertes críticas por parte de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, al señalar que el gobierno no ha explicado el fundamento jurídico que sustenta su implementación, así como su costo. Según ellos, “no es clara la intención del ejecutivo federal porque su postura nos parece contradictoria, ya que por una parte declara que el problema de la deuda subnacional es un foco amarillo que no representa un riesgo para las finanzas públicas y, por otra parte, anuncia que destinará recursos federales para financiar los compromisos adquiridos por las entidades federativas” (PRDSenado, 17 agosto 2011).

 

En este sentido, no son claras las condiciones a partir de las cuales los Estados negociarían la reestructuración de sus deudas con Banobras, por lo que queda la duda de si la renegociación de la deuda de los estados no será un factor de negociación, una “moneda de cambio”, con la Federación con miras al proceso electoral de 2012.

 

Otra solución que se ha presentado es la capacidad de los propios gobiernos estatales para refinanciar sus deudas directamente con las instituciones financieras, así lo muestra el caso del gobierno de Coahuila que alcanzó dicho cometido con nueve bancos comerciales, cuyas condiciones de operación quedaron establecidas en un crédito simple por 33 mil 867 millones de pesos más costos de refinanciamiento, a un plazo de 20 años. Los empréstitos utilizarán como fuente de pago 90% de las participaciones federales que le corresponden al estado, hasta 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y hasta 100% del Impuesto Sobre Nóminas (El Economista, 3 de octubre 2011).

 

De momento no se ha sabido de otros gobiernos estatales que hayan refinanciado directamente sus deudas con los bancos, situación que pone en evidencia que la deuda de Coahuila, contraída por el ex gobernador Humberto Moreira, que hoy es el presidente nacional del PRI, tuvo la suficiente red de influencias para solucionar parcialmente una situación que iba a tener consecuencias no sólo para el ex gobernador mismo, sino también para el mencionado partido y para el candidato presidencial que lo represente en los comicios del 2012.

 

Finalmente, otra solución al problema del endeudamiento estatal es la que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estableció con nuevas reglas para la creación de reservas de crédito bancarios a Estados y Municipios. De esta forma, los bancos tendrán una fórmula detallada para otorgar préstamos a las entidades federativas, las cuales se basaban únicamente en las valuaciones de las agencias calificadoras.

 

Esta nueva metodología permitirá estimar la probabilidad de incumplimiento de los estados, a partir de un puntaje crediticio dividido en un componente cuantitativo (peso del 80%) y un componente cualitativo (peso del 20%) (El Financiero, 2 de octubre 2011).

 

Estas nuevas reglas cobran relevancia debido a que recientemente las transferencias federales, que usualmente son las garantías que otorgan los gobiernos estatales para el pago de su deuda, han presentado ligeras disminuciones. La Secretaría de Hacienda reportó que en los primeros ocho meses del año en curso los estados recibieron 3.81% menos en transferencias de lo programado para el periodo, situación que perjudicó a 28 de las 32 entidades federativas (El Economista, 5 de octubre 2011). Lo anterior pone en evidencia la necesidad de que las consideraciones que las instituciones financieras usan para otorgar créditos tengan que ser más estrictas, con metodologías más integrales para medir la capacidad de endeudamiento de una entidad federativa. (CONTORNO)